Soberanía y control migratorio

Por Felipe Ciprian.  Publicado por Acento.com.do

Santo Domingo, 15 de noviembre de 2013. Ante los consistentes cuestionamientos internos y externos a la sentencia del Tribunal Constitucional que borra legalmente la nacionalidad de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, los defensores de esa aberración jurídica y humana esgrimen esencialmente dos “argumentos” que pretenden poner como valladares: que República Dominicana es un país soberano y que hay que poner fin a la inmigración ilegal.

Frente a los cuestionamientos de gobiernos, organismos, medios informativos y personalidades del exterior, quienes apoyan la sentencia dicen que este es un país soberano y que por tanto puede disponer cuanto quiera en el plano interno.

Creo que están equivocados. Para múltiples fines, vivimos en un mundo globalizado del que nadie puede salir y en el que hay unos estándares que no se pueden obviar porque quien lo haga pagará muy caro por su falta de sentido común.

Ciertamente el país es soberano, pero eso no quiere decir que una oligarquía económico-política que ha hecho del clientelismo y el conservadurismo una ideología que reproduce poder y corrupción, por sí sola, puede imponerle todo lo que quiera al resto de los dominicanos. Si lo hace se aísla y si se aísla convertirá al país en una entelequia sin derechos en el mundo y sin consideración para someterla a respetar el orden internacional.

Hay quienes olvidan que las más grandes inversiones que hay en este país, las que crean verdadera riqueza, traspasan tecnología y dan los empleos de mayor calidad productiva y fiscal, son precisamente extranjeras provenientes de países donde el respeto a los derechos humanos, la no discriminación racial y la sanción a sus violaciones son serias exigencias de sus Estados.

El primer elemento esencial de la soberanía es que proteja a todos los nacionales y a los extranjeros que por cualquier motivo están pacíficamente en el territorio nacional y no representan una amenaza para otros Estados. Arrebatar derechos fundamentales administrativamente como lo ha hecho la Junta Central Electoral y ahora “legalizar” mediante sentencia del Tribunal Constitucional es el prototipo de la falta de soberanía, que bien entendida, siempre reside en el pueblo, no en una élite que actúa como aplanadora de una parte importante de los ciudadanos.

La soberanía es para actuar dentro de la Constitución y las leyes, no para vapulearlas contra una parte de la población que en este caso tiene una bien ganada fama de gente sacrificada, trabajadora, explotada, pero pese a todo eso marginada de sus derechos elementales y ahora para colmo borrada de la existencia como individualidades.

El otro “argumento” es que ya no se puede permitir el desorden migratorio. Nada más alejado de la realidad porque la sentencia se dedica a perseguir no a los migrantes, sino a los hijos y nietos de los que vinieron al país a picar caña para los centrales azucareros estatales y privados, la mayoría de ellos muertos ya y los otros envejecientes que a cada momento los vemos movilizados en las calles reclamando su pensión, para la que cotizaron entre 30 y 40 años. Es a los hijos de ellos, tan dominicanos como los jueces del Tribunal Constitucional y todos los demás porque así lo dispuso la Constitución hasta enero de 2010, a los que persigue la cuestionada sentencia.

¿Qué disposición de la sentencia ordena alguna acción que impida que cada día penetren al país cientos de haitianos en forma ilegal (pero con la complicidad de los dominicanos) que inmediatamente van a parar a una finca, a una torre en construcción, a una carretera, empleados por el gobierno y por el sector privado, o tratan de irse en yolas para Puerto Rico?

Lo que hizo la sentencia fue tratar de burlarse de la inteligencia de todos los dominicanos y de la comunidad internacional para declarar que están en tránsito personas que en su mayoría fueron traficadas directamente por el Estado dominicano, que los trajo desde Haití a los bateyes, y luego los declaró “ilegales” o “en tránsito”.

Sería extraño para cualquier jurista en el mundo que el Estado que traficó a la mayoría de esos picadores de caña haitianos sea precisamente quien los declara ilegales.

Pero en su desespero por negarle la nacionalidad a los hijos de los picadores de caña que forjaron la riqueza y el confort con que vive hoy una casta oligárquico-política insaciable, se inventaron que “en tránsito” significa ilegal, lo cual es un contrasentido jurídico y lógico porque el hecho de estar en tránsito significa que tienen una autorización legal para entrar al territorio y no la puede dar nadie más que el Estado dominicano que los quiere declarar ilegales.

En el único país del mundo que se puede estar en «tránsito» durante años es en República Dominicana, porque en los demás siempre es un período breve y la persona tiene que permanecer en un área restringida de un aeropuerto, puerto marítimo o fluvial, o paso terrestre fronterizo entre dos o más países, donde Migración la autoriza a permanecer temporalmente.

Quienes inventaron el «tránsito» como equivalente de ilegalidad para despojar de la nacionalidad a una parte significativa de la población dominicana han provocado un daño incomparable a la imagen del país, al clima de inversión, pero más que eso, si el gobierno no ajusta cuentas con esas groseras violaciones a la Constitución y a las leyes, se expone a graves consecuencias políticas, diplomáticas y comerciales, aunque dominicanos como yo somos los primeros en lamentar.

No es lo mismo acudir a un tribunal con todos los jueces nombrados por la cúpula oligárquico-política (como sucede aquí) que probar con argumentos sus verdades ante jueces y países que nada tienen que temer salvo cuidar su buen nombre y su honor.

Día a día los cuestionamientos jurídicos crecen dentro y fuera del país a lo que el gobierno responde con un desespero inexplicable, porque fue el Tribunal Constitucional el que vomitó ese engendro y ahora un bien valorado presidente Danilo Medina es el que da la cara ante el mundo que nunca entenderá por qué República Dominicana no quiere como ciudadanos a una parte significativa de sus hijos, los declara extranjeros y los pone en fila para que hagan un proceso de “regularización”.

Por ese camino nos esperan muchas derrotas, pero sobre todo, días difíciles para desgracia de todos.