República Dominicana deja sin nacionalidad a más de 250.000 descendientes de haitianos

Escrito por Melissa Silva. Publicado en La Vanguardia.

Epifanía St. Chals nació en República Dominicana. Allí creció, se casó y ha sido madre de tres niñas. Para ella este es su país, no hay derecho a titubeos. Allí tiene su equipo de béisbol preferido, sabe cocinar los platos típicos, bailar la música que remueve los sentimientos nacionales y conoce los rincones de su ciudad. Por esto y por todo, ella es dominicana.

Pero ahora el Estado ha conseguido interponer una razón única para arrebatarle la nacionalidad a Epifanía: sus padres nacieron en Haití. Una sentencia del Tribunal Constitucional ratificó que para ser reconocido como ciudadano dominicano es necesario demostrar que al menos uno de los padres tiene estatus legal dentro del país.

“Mi padre llegó en 1963 y mi madre en 1970 desde Haití. Trabajaron toda su vida muy duro en las haciendas de caña, se dejaron la piel rindiendo el servicio, aquí nacimos todos los hermanos. Hace unas semanas fui a presentar a mi hija recién nacida, y me dijeron que no podía hacerlo porque mi documento de identidad tenía que volver a ser validado. Te dicen en tu propia cara que no eres dominicano, y eso duele, duele mucho porque nací aquí, y porque le están robando el derecho también a mis hijas” explica Epifanía.

El abogado Nassef Perdomo considera que la sentencia viola lo establecido en la Constitución Nacional, y que hace prevalecer una medida de carácter meramente administrativo. “Es una decisión que afecta a más de cuatro generaciones de descendientes de haitianos, a más de 250.000 personas que nacieron en este país se les está negando el derecho a la identidad. Estamos hablando de hijos, nietos, tataranietos afectados”.

La medida niega la posibilidad a estos ciudadanos de conseguir su certificado de nacimiento, un documento que en República Dominicana es imprescindible para contraer matrimonio, estudiar, comenzar un negocio, tener permiso de conducir u obtener el pasaporte.

Los afectados en la actualidad transitan por un terreno huérfano, bajo la fría calificación de apátridas. Para el defensor de los Derechos Humanos, Francisco Henry esta situación se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional rectifique su decisión, la Corte Interamericana dicte medidas provisionales de protección o mientras se realicen los procedimientos de reclamación de la nacionalidad haitiana, “lo cual es extremadamente complejo y materialmente casi imposible”.

Ana María Belique vive en carne propia la negativa del gobierno a entregar el certificado de nacimiento, un trámite que hace infinitamente inviable poder obtener el documento de identidad, exigido para ejercer el derecho al voto, abrir una cuenta bancaria o ir a la universidad.

Al igual que ella, sus ocho hermanos nacieron en República Dominicana y fueron declarados de forma regular por sus padres, quienes habían llegado al país en la década de 1970. Ana María llevó una vida normal como ciudadana dominicana hasta que decidió ir a la universidad para estudiar trabajo social, y fue entonces cuando se dio cuenta de que el Estado niega la entrega del acta de nacimiento por no reconocerlos como nacionales. El camino ha sido largo, incluso ha logrado que el propio juzgado de la Cámara Civil de San Pedro de Macorís dictara la orden de entrega, pero hasta el momento no se ha materializado.

Vivir en el limbo

José Aquino, magistrado del Registro Civil descarta que los más de 250.000 afectados tengan un estatus de apátridas, por lo que argumenta que los dominicanos descendientes de haitianos pueden obtener la ciudadanía si logran probar que sus padres tienen un estatus legal.  “Estos ciudadanos haitianos siempre tienen la posibilidad de inscribirse en su consulado o simplemente en Haití”, agrega el magistrado.

Este limbo legal agrava más la situación de los afectados, quienes en su mayoría ahora se encuentran con que no tienen estatus legal en la República Dominicana, pero tampoco tienen todas las herramientas a disposición para probar que son ciudadanos haitianos.

“Lo que quieren hacer es crear dos listas de registros, una en la que estarán incluidos los ciudadanos, y otra en la se registrarán a estas personas como extranjeros. Pero no es así, son dominicanos” dice el abogado constitucionalista Perdomo.

El gobierno haitiano fijó su posición a través de la Cancillería que emitió un comunicado en el que dice que “disiente en términos enérgicos con la decisión del TC, que anula la ciudadanía de hijos de migrantes haitianos en el país. «El Ministerio de Relaciones Internacionales lamenta profundamente que haitianos y sus descendientes dominicanos que han contribuido significativamente al actual progreso de la República Dominicana por su trabajo y sacrificio sean ahora tratados como extranjeros en tránsito”.

Reunión presidencial

Diferentes representantes de Derechos Humanos fueron recibidos por el presidente Danilo Medina, quien durante media hora escuchó el testimonio de dominicanos afectados por la decisión de la Corte Constitucional.

El padre Mario Serrano, director de la organización Bonó, estuvo allí. “Planteamos que como jefe de gobierno protegiera los derechos de los afectados pues es quien tendría que ejecutar una sentencia injusta. Le solicitamos dialogar con los demás poderes del Estado para detener la desnacionalización”.

El primer mandatario afirmó que aunque la decisión adoptada por el TC está apegada a la Constitución actual, no tiene conocimiento de que ese órgano tenga competencia para aplicar la ley de forma retroactiva, «porque la Carta Magna establece que ninguna ley tiene efecto de retroactividad salvo que beneficie a la persona». Además se comprometió a iniciar un proceso de consultas con los otros poderes del Estado hasta encontrar una solución a la brevedad posible.

Denuncia internacional

Las asociaciones de Derechos Humanos aseguran que la denuncian ha sido elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDHI), a fin de conseguir un pronunciamiento que obligue al Estado dominicano a solucionar la situación que vulnera los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.

El padre Serrano explicó que tras la decisión del TC se han introducido múltiples recursos de amparo para proteger a los hijos de los afectados, quienes directamente tienen negado el derecho a ser presentados legalmente.

En este sentido UNICEF a través de un comunicado advirtió sobre las “devastadoras consecuencias” que esta medida puede ocasionar. «Las disposiciones de la nueva sentencia pueden colocar a estos niños en riesgo de deportación, en violación de los principios articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente los artículos 12 y 15″.

Además subrayó que la decisión “infringe» numerosas determinaciones de tribunales y de tratados de los cuales forma parte la República Dominicana, y «contraviene los principios básicos de los derechos humanos».