Red Jaques Viau: Ley 169-14 es un engaño, busca disminuir presión sin restituir derechos
SANTO DOMINGO, República Dominicana, 6 de febrero de 2015.- Las organizaciones de sociedad civil que conforman la Red Jacques Viau, afirmamos que la ley 169/14 y su Reglamento de aplicación, no restituyó el derecho a la nacionalidad de los Dominicanos y las Dominicanas de ascendencia Haitiana y catalogamos la mismas como un engaño más para salir de la presión que generó la aplicación de la sentencia 168/13.
Creemos que esta ley no se adoptó con el objetivo de devolverle la nacionalidad a nadie, sino para lograr segregación de un grupo específico de dominicanos y dominicanas, además de convertir de manera forzosa en extranjeros a otro grupo. Las personas afectadas no han recibido una respuesta que le devuelva la nacionalidad dominicana de forma plena, la cual le corresponde desde el momento de su nacimiento, por el hecho de haber nacido en el territorio dominicano.
Con el panorama que observamos, podemos decir que la ley no ha resuelto nada, pues nunca hubo voluntad política para una verdadera solución, cosa que se evidencia en la aplicación de la ley 169-14 y su Reglamento de aplicación 250-14.
Tanto los mecanismos utilizados por la Junta Central Electoral, en lo concerniente a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana inscritos en el registro civil, como los utilizados por el ministerio de interior y policía para aquellos que no estaban inscritos dejan mucho que desear, pues a 8 meses de haber adoptado la ley 169-14, aún persiste las violaciones sobre el derecho a la nacionalidad.
Es penoso que los representantes de la Junta Central Electoral, estén aun cancelando, inhabilitando y demandando la nulidad de documentos que fueron expedidos de conformidad con la ley 659-1944, sobre actos del estado civil, que presuntamente tienen irregularidades los cuales quedaron subsanados con la ley 169-14. Reiteramos además que los organismos encargados de aplicar las normativas legales antes citadas han establecidos procedimientos no establecido por la ley, como son los casos de someter a entrevistas e investigaciones a personas que ya habías sido habilitadas luego de exhaustivas pesquisas y espera para resolver sus caso y que ahora se ven envueltos en idénticos procedimientos.
En lo concerniente al Grupo B, aunque no estamos de acuerdo con el procedimiento de la extranjerización; aceptamos la aplicación de la ley, como una transacción que podría contribuir a llegar a un punto medio en una solución; sin embargo fueron tantas las trabas que se interpusieron, que provocó que el número de solicitantes al grupo B, no llegó ni siquiera a un 2% por ciento de la población que debió de ser beneficiada (más de 60 mil personas, pronosticada por la JCE); sin mencionar el excesivo aumento en la tasa de los servicios de legalizaciones de la procuraduría, actos notariales, registros en los ayuntamientos, etc.
En esta situación solo salieron ganando las dependencias que tenían que realizar la ejecución de la ley, pues se colocó un considerable presupuesto para la realización de estos trabajos, se gastaron muchos recursos económicos, y al sacar balance fue una pérdida también de tiempo, sin un resultado satisfactorio.
Por lo antes dicho y verificado el contundente fracaso, solicitamos al presidente Danilo Medina, que ordene una evaluación de los resultados a partir de las expectativas que se había creado y que más que dar más prórroga para la inscripción de los no registrado, se resuelva la cuestión de la restitución de sus derechos en el marco de la aplicación de normes de derechos humanos en materia de nacionalidad; de manera específica, en consonancia con el artículo 18 numeral 2, de la constitución de la República Dominicana vigente desde el año 2010 y normas contenidas en Pactos Internacionales de los cuales Rep. Dominicana es signataria.
