Reconoci.do exige cese de la discriminación racial en el proceso de repatriación
El Movimiento Reconoci.do expresa su profunda preocupación ante los últimos acontecimientos, ocurridos a raíz del proceso de repatriaciones que realiza el Estado dominicano. Durante dicho proceso se han registrado casos en los que nacionales dominicanos han sido detenidos arbitrariamente aun presentando sus documentos de identidad, y llevados a los centros de retención migratoria para ser «depurados» a los fines de enviarlos a Haití.
En un mismo día se registraron varios casos de personas acompañadas por el movimiento Reconoci.do, donde hubo renuencias por parte de las autoridades a reconocer los documentos de identidad. Eso genera en nosotros la preocupación y nos hacemos la pregunta, ¿serían los únicos casos, o solo son los que pudimos detectar a tiempo?
Lo acontecido con Ricardo, Clenor y Juan Antonio el pasado 28 de agosto y lo que ha sucedido hoy 16 de Septiembre con otros jóvenes de la Romana constituyen una acción u modus operandi de discriminación racial perpetrada e imputable al Estado dominicano, ya que fueron detenidos por el color de su piel y criterio fenotípico de “parecer haitiano”, las autoridades migratorias pusieron en duda su documentación como dominicanos y dominicana y su condición de regularizado. Existe una presunción de “falsedad” de documentos dominicanos o que aplicaron a naturalización por las autoridades migratorias, a todo el que parece “haitiano”. Tampoco existe un respecto a las normas del debido proceso que asegure el derecho a una defensa, a la llamada a un amigo y familiar, el derecho a una vista ante la autoridad y el derecho al recurso, no existe derecho a la información de las razones de su detención. Estas detenciones son en consecuencia ilegal y arbitraria, y sin voluntad política de compensar indemnizando los daños causados.
Comportamientos como estos, por parte de las autoridades, nos alertan de un estado de ansiedad, inseguridad e incertidumbre; donde impera el terror y el miedo, sin duda alguna la confianza que pudiéramos tener en las garantías de que este proceso será serio y responsable se ve minimizada.
Es importante dejar claro que este tipo de actos no los toleraremos bajo silencio culpable. Como Movimiento, estamos profundamente comprometidos con la justicia. Exhortamos que casos así no se vuelvan a repetir en nuestro país, pues las autoridades no puedan basarse en el perfil fenotípico de la población para detenerla y luego proceder a investigarla, siendo la República Dominicana un país donde la mayor parte de la población es negra o mulata.
Les recordamos al Presidente que un gran número de dominicanos-as nacidos en territorio dominicano viven sin ninguna documentación, a la vez que también sabe que la mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana tampoco tienen documentación ya que en el proceso impuesto por la Ley 169-14 la mayoría no tuvo la oportunidad de inscribirse, el hecho de no poseer una documentación los hace más vulnerable a ser detenidos por migración, sin embargo no tener documentación y el color de la piel no deben ser los elementos a tomar en cuenta a la hora de producirse las detención por parte de los agentes de migración.
Solicitamos del presidente Medina tomar medidas que protejan a grupos vulnerables a la expulsión de su propio país, tales como los que se acogieron al proceso de naturalización y que no se les ha dotado de documento alguno grupo B; a las personas del grupo A, a quienes al día de hoy la JCE no termina de entregar los documentos a pesar de haber publicado un listín que supuestamente lo ordena, y a quienes la JCE les demanda en nulidad judicialmente su original de acta de nacimiento.
Instamos a instruir a los organismos de seguridad del estado, encargados o colaboradores del proceso, observar los estándares de debido proceso de ley en materia de deportaciones, con la finalidad de impedir el apresamiento y/o repatriación de personas que se encuentren dentro del proceso de regularización.
A las autoridades de migración a apegarse a lo establecido por la ley observando con recelo el debido proceso a la hora de actuar, tomando medidas que impidan que un nacional dominicano sea ultrajado, avergonzado y luego, por caprichos de uno de sus agentes, sea apresado conducidos al centro de retención a los fines de sacarlo del país.
Crear mecanismos y medidas disciplinarias que sean ejemplos públicos para sancionar comportamientos indecorosos de los agentes de seguridad que violenten los derechos de las personas, discriminen por la condición racial, los ultrajen o extorsionen.
Queremos garantías de que realmente existe una voluntad de hacer las cosas bien. De que ni un solo dominicano será expulsado del país y de que se hará una correcta aplicación de las medidas migratorias que aseguren que a nadie se sea violentado sus derechos más elementales.
