Por una solución dominicana al conflicto de la nacionalidad

Santo Domingo, 7 de febrero de 2013. Tras la realización del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, efectuado este 5 de febrero en Ginebra, Suiza,  este Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), desea manifestar lo siguiente:

1.-  Acogemos con responsabilidad el apoyo manifiesto de una veintena de Estados expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los fines de garantizar la plenitud de derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de ascendencia extranjera nacidos en el país y que han sido despojados de su derecho a la nacionalidad.

El firme apoyo al respeto de  los derechos humanos expresado por diversas naciones tanto del Sistema Interamericano, como de países otros continentes debe mover a la reflexión sobre la imagen del país en la comunidad internacional. Entre los países que manifestaron recomendaciones en ese sentido se destacan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Uruguay, Trinidad y Tobago, España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Noruega, Ucrania, Portugal, Eslovenia y Australia.

2- Lamentamos que la nación siga siendo objeto de cuestionamientos en el plano  internacional, en relación a la plena vigencia de los derechos humanos en el país y reiteramos que el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves incertidumbres que afectan la imagen del país. A nombre de la soberanía no se puede ignorar los compromisos internacionales, ni la sensibilidad universal en materia de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad. Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano.

3.- Reiteramos que es desde la sociedad dominicana que tiene que salir una solución justa e institucional, que restituya plenamente los derechos conculcados, primero por la Resolución 12-07 de la Junta Central Electoral, y luego por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Esperamos que “la postura firme” expresada por el Estado Dominicano en Ginebra, de que “ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”, se materialice en la solución nacional al drama que están padeciendo las personas desnacionalizadas, con sus vidas suspendidas.

4.- Llamamos al liderazgo político del país, especialmente al Presidente de la República, a escuchar tanto la opinión de los principales expertos constitucionalistas, como  de  la mayoría del pueblo dominicano, que entiende que son dominicanos los hijos de padres haitianos indocumentados, como se reflejó en la Encuesta Gallup publicada esta semana por el diario Hoy. El  58.2% de los encuestados le reconoce la nacionalidad dominicana y sólo el 39.6%  se la niega.