Organizaciones reclaman a la JCE cumplimiento ley 169-14
Ana María Belique ofrece declaraciones a la prensa durante la comparecencia a la JCE que realizaron diversas organizaciones acompañando a solicitantes afectados por la negación de sus documentos, pese a la promulgación de una ley que ordena su entrega.
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con dominicanos afectados por la negación de sus documentos de identidad y su derecho a la nacionalidad visitaron este martes la sede central del organismo electoral en Santo Domingo para exigir el cumplimiento de la ley 169-14, régimen especial que plantea la validación de las actas de nacimiento de ciudadanos descendientes de extranjeros en situación migratoria irregular.
Técnicos legales del Movimiento de Mujeres Dominico-Hatianas, Reconoci.do, Mosctha y el Centro Bonó, parte de la Plataforma Dominican@s por Derecho, acompañaron a 70 jóvenes de el Seybo, Monte Plata y San Pedro de Macorís a realizar otro requerimiento de sus cédulas de identidad y electoral, ante las dificultades que han presentado en las oficialías de sus respectivas provincias.
Como cualquier otro usuario Ignacio Belique Delma llegó a la JCE, hizo la fila y depositó sus “papeles” de acuerdo a los requisitos estipulados por la instancia que administra el registro civil en República Dominicana. Lo que le diferencia a él y sus compañeros del resto de los solicitantes es que llevan 7 años esperando su documento.
Aún con sus actas para fines de cedulación en la mano, muchos afectados no pueden obtener copia legalizada de este documento ni completar el proceso de cedulación. Otros siguen recibiendo cartas que notifican la anulación de su partida de nacimiento o les solicitan los documentos de sus padres como requisito para la entrega, violaciones que se suman al hecho de que tengan que venir a Santo Domingo a realizar un procedimiento distinto al que manda la ley.
“A pesar de haberse promulgado la ley 169-14, muchos de los jóvenes que participaron en la actividad declararon sufrir de la negación de documentos. Después de la ley esperanzados fueron a sus oficialías para recibir la misma repuesta, otros denunciaron que siguen recibiendo demanda de nulidad y avisos de cancelaciones de documento a pesar que la ley vino a subsanar esta situación” explicó Jenny Morón, abogada de MUDHA.
Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, abordado a la entrada del edificio por activistas, quienes le manifestaron las fuertes irregularidades que han caracterizado el proceso, no les dio respuesta clara sobre los procedimientos ni el tiempo que tomará terminar la auditoría de las actas que asegura es indispensable para entregar los documentos, aunque al momento de ser cuestionado no pudo precisar en qué parte de la ley se habla de la auditoría.
Los afectados y las organizaciones acompañantes cuestionan la insistencia en una auditoría que dicen no ordena la ley, también la burocracia, lentitud del proceso y la falta de información que existe en las oficialías: “¿Si no hay intención de cumplir un mandato de qué sirve un consenso? Seguimos igual que antes o tal vez peor, juegan con nuestras vidas y nuestro futuro”, reflexiona Reconoci.do a través de su cuenta de Twitter.
