Por Celso Pérez

Investigador Human Rigth Watch

Rosanna es una joven vivaz de 17 años nacida en la República Dominicana. Sus padres emigraron de Haití hace más de 20 años. Durante los últimos dos años, se ha visto inmersa en un debate nacional sobre quiénes son—y quiénes no son—ciudadanos dominicanos.

En 2013, la sentencia TC 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana despojó retroactivamente de ciudadanía a decenas de miles de dominicanos. La mayoría, como Rosanna, son personas de ascendencia haitiana, una comunidad históricamente marginada. Debido a ello, estas personas no han podido llevar a cabo actos básicos de la vida civil como inscribir a sus hijos en los registros civiles, anotarse en la escuela y la universidad, participar en la economía formal o circular dentro del país sin riesgo de expulsión. Tras verse obligada a abandonar la escuela pública, Rosanna vende fruta en el campo, donde recibe menos de 150 pesos(USD 3) por día.

En 2014, el gobierno del Presidente Danilo Medina intentó mitigar las consecuencias de la sentencia aprobando una ley de naturalización que procuraba reconocer los derechos de ciudadanía de personas afectadas.

La Ley de Naturalización de 2014 ofrecía una solución aparentemente sencilla: el gobierno reconocería la nacionalidad a quienes ya estuvieran inscriptos ante el Estado como dominicanos (grupo A), y emitiría los documentos adicionales que fueran necesarios para ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Para quienes no estuvieran aún inscriptos (grupo B), el gobierno primero crearía un proceso de inscripción, y luego emitiría los documentos necesarios para las personas que le correspondía la ciudadanía.

No obstante, a pesar de un marco jurídico prometedor, la investigación de Human Rights Watch sugiere que la ley presenta numerosos problemas de diseño e implementación que han frustrado el proceso de naturalización. El presente informe expone el contexto de la desnacionalización, detalla el objetivo elogiable de la Ley de Naturalización de 2014 así como sus fallas en la práctica, y documenta las expulsiones arbitrarias y los procedimientos legales cuestionables que han implementado diversas entidades gubernamentales en contravención a los objetivos anunciados por la ley. Estas prácticas siguen privando arbitrariamente a personas de su derecho a la nacionalidad dominicana y otros derechos asociados a la ciudadanía. A pesar de las carencias de la ley, en agosto de 2015 el gobierno ha dicho que comenzará a expulsar a aquellos que, como Rosanna, fueron desnacionalizados.

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Persistencia de violaciones de derechos humanos

La investigación de Human Rights Watch documentó una serie de tendencias preocupantes que muestran la persistencia de las violaciones al derecho humano a la nacionalidad que ocurren en el país.

En el caso de los ciudadanos inscriptos (grupo A), Human Rights Watch comprobó que organismos gubernamentales responsables de registros civiles se han negado a restablecer documentos originales de nacionalidad. En vez de ello, funcionarios han comenzado a segregar a quienes fueron desnacionalizados en 2013, incorporándolos a nuevos registros civiles. Este proceso de “transcripción,” además de ser costoso e innecesario, ha impedido que muchas personas ejerzan plenamente sus derechos de ciudadanía. Numerosos ciudadanos del grupo A todavía no pueden inscribir a sus hijos en los registros civiles, anotarse en escuelas ni participar en la economía formal. Asimismo, autoridades militares e migratorias han actuado deliberadamente en reiteradas ocasiones contra ciudadanos del grupo A de ascendencia haitiana, y han detenido y expulsado forzadamente a estas personas, incluso cuando ellas poseen documentos válidos.

En el caso de nacionales no inscriptos (grupo B), Human Rights Watch documentó un proceso de inscripción que obligaba a dominicanos, en su mayoría menores, a registrarse como “extranjeros” antes de ser naturalizados. El proceso no sólo es violatorio de normas de derechos humanos, sino que además para muchos ha sido imposible acceder al proceso en los propios términos previstos por este. Diversas autoridades gubernamentales han establecido requisitos de documentación sumamente complicados que han impedido que muchos se inscribieran, especialmente si se considera el plazo de apenas 180 días para la implementación.

La investigación de Human Rights Watch sugiere que esto ha afectado de manera desproporcionada a menores cuyas madres carecen de documentos de identidad y no pudieron obtener la documentación en el plazo exigido. A su vez, autoridades militares y de migración han hostigado, detenido y expulsado a personas que intentaban ser anotadas en los registros civiles a través del proceso de inscripción.

Aunque Rosanna aspiraba a inscribirse bajo la Ley de Naturalización, no pudo hacerlo. Ante un proceso burocrático extremadamente complejo, y al no poder pagar el costo de un abogado, ella dependía de la ayuda de organizaciones de la sociedad civil (que ya trabajan por encima de su capacidad) para que la orientaran en el proceso. Lamentablemente, el caso de Rosanna solo fue identificado en el último mes del proceso de inscripción, y su expediente no pudo ser completado a tiempo. Ya no tiene posibilidad de beneficiarse de la Ley de Naturalización 169-14.

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Funcionarios gubernamentales han señalado que, en casos como el de Rosanna, los procesos administrativos son necesarios para evitar reclamos fraudulentos de nacionalidad, y garantizar así el estado de derecho. Sin duda es necesario que se efectúe una regulación justa y transparente del proceso de ciudadanía.

No obstante, en la práctica funcionarios han establecido procesos complicados, que consumen recursos y que interponen obstáculos burocráticos innecesarios e injustificados a quienes reúnen los requisitos. Esto ha resultado en actos de persecución y violaciones de derechos fundamentales.

La decisión del gobierno dominicano de adoptar la Ley de Naturalización representó un primer paso importante para intentar resolver la crisis de desnacionalización que subsiste en el país. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer.

A medida que se aproxima el plazo de la deportación previsto para agosto, Human Rights Watch llama a las autoridades dominicanas a impedir las expulsiones de dominicanos que han sido desnacionalizados, restablecer sin postergaciones su ciudadanía y respetar su derecho a la nacionalidad. También insta al gobierno a trabajar con la sociedad civil, el gobierno de Haití y otros actores internacionales, a fin de garantizar que no se quite de manera arbitraria y permanente a personas la nacionalidad dominicana.

A menos que las autoridades dominicanas intervengan ahora, Rosanna no podrá retomar la escuela en otoño. En vez de ello, podría ser obligada a dejar el país donde nació y creció, y verse removida a Haití.