En España reclaman sean restituidos derechos de dominican@s desnacionalizados
Diversas asociaciones civiles alertaron este viernes de que miles de ciudadanos de la República Dominicana se encuentran en inminente riesgo de apatridia, ante la finalización del plazo concedido por el Gobierno dominicano para que regulen su situación los nativos descendientes de migrantes haitianos no inscritos en los registros civiles.
Las organizaciones Alboan, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y Ocasha-Cristianos con el Sur pusieron de manifiesto en una nota de prensa las dificultades del procedimiento de regularización que ha impedido que gran parte de los afectados pudiesen regular su situación. Por este motivo, el presidente Danilo Medina presentó un proyecto de ley que extiende en 90 días el plazo, cuya finalización estaba programada para el 28 de octubre.
Entre las presuntas irregulares cometidas por el Ministerio del Interior y la Policía, las organizaciones denunciaron la ausencia de campañas de información sobre los requisitos, el inadecuado número de oficinas donde efectuar los trámites, procedimientos administrativos que contradicen la ley o el cobro de documentos que debían expedirse de manera gratuita.
A tal respecto, las organizaciones reclamaron la eliminación de las trabas burocráticas y que se facilite el acceso a la documentación necesaria a las personas afectadas; la aprobación del proyecto de ley que exitende el plazo para evitar que aquellos que no han podido regularizar su situación queden en un limbo legal o en situación de apatridia; y que se acate la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y se revierta esta situación de vulneración de derechos.
Por su parte, la ciudadanía afectada por la desnacionalización presentó un recurso de amparo contra la Junta Central Electoral por “violentar los derechos de 169 dominicanos descendientes de haitianos con el incumplimiento del régimen especial planteado en la Ley 169-14, que ordena la devolución al acceso a sus documentos de identidad”, y que será resuelto el próximo 11 de noviembre.
“Exigimos que la República Dominicana reconozca y restituya los derechos adquiridos de los dominicanos y dominicanas afectados, comenzando por prorrogar el plazo para el registro a fines de naturalización. La comunidad internacional no puede obviar este hecho que vulnera los derechos fundamentales de las personas y que sienta un precedente jurídico muy peligroso para otras poblaciones minoritarias discriminadas por su origen”, concluyó el comunicado.
