DXD en audiencia CIDH: Ley 169-14 agrava y extiende situación de apatridia

Demandan acuerdo para solucionar problemática de desnacionalización  

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas de la política de desnacionalización en República Dominicana solicitaron al  Estado la creación de una mesa nacional  que dialogo a los fines de discutir un gran acuerdo para la solución integral de los  problemas de apatridia y negación de acceso a documentos de identidad  que afectan a miles de personas en el país.  

La demanda fue  parte  de los petitorios de la audiencia “Derecho a la Nacionalidad en la República Dominicana”,  celebrada  ayer en Washington,  en el marco del 156 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convocatoria de oficio a la que también    asistieron representantes del  Estado dominicano.

En el foro,   activistas de la Plataforma  Dominicanos por Derecho    abordaron la   situación de los dominicanos de ascendencia haitiana a partir de promulgación de la ley 169-14, respuesta estatal a la  crisis de derechos humanos generada por la sentencia  168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana en 2013.

Implemetación ley 169-14: arbitariedad de funcionarios públicos excluye a destinatarios  

El abogado Manuel Dandré, quien dio inicio a la ponencia de los peticionarios, afirmó que, a 17 meses  de la promulgación de  la ley 169-14,  el Estado dominicano sigue excluyendo y limitando  el ejercicio del derecho a  la nacionalidad de las personas afectadas, a las que divide en dos grupos en función del registro de su nacimiento en los libros del Estado Civil.

El colectivo proclama que a través de la medida el Estado extiende y agrava la situación de apatridia en República Dominicana  al reafirmar la desnacionalización de las personas no inscritas en el registro civil; No configurar ningún tipo de solución  para que nin@s, hij@s  de dominicanos de ascendencia haitiana desnacionalizados, puedan acceder a sus documentos de identidad y se les acredita su nacionalidad dominicana; Y obviar la diversidad de los perfiles, características sociales, culturales y económicas de la población afectada.

Aunque la ley reconoce la nacionalidad al primer grupo de sus destinatarios/as, la personas que previamente tenían un registro,  incluidas en el denominado Grupo A  , la Junta Central Electoral no ha entregado los documentos públicos que acreditan su identidad, por el contrario ha condicionado la devolución de acceso,  que la ley ordena sea de forma expedita,  a la  realización de la auditoría de los libros del registro civil.  Los destinatarios de la ley  son sometidos a nuevos proceso  que retardan o impiden  la entrega, a pesar del llamado  que hizo la JCE  a 55 mil personas en junio pasado a recoger su  registro de inscripción.  Muchos de las personas afectadas no aparecen en esta lista, mientras que otras, a pesar de haber recibido sus documentos actualizados, no pueden realizar actividades de la vida civil con normalidad, violándoles sus derechos civiles y políticos y decretando definitivamente su apatridia. 

El bloqueo administrativo por parte de la Junta Central Electoral  y del Ministerio de Interior y Policía, aseguró Dandré, impide se  materialice  las precarias   opciones que   ofrece la ley 169-14  y  coloca la problemática en un punto muerto.

Sobre las  personas no inscritas en los libros del registro civil, o Grupo B, habló Ana María Belique del Movimiento Reconoci.do: «Al plantearles  un proceso de naturalización ordinaria  para tratar de  recuperar en dos años  lo que  por derecho les corresponde desde el nacimiento,  la ley 169-14 fortalece la privación arbitraria de su nacionalidad». 

Cuestiona que mendiante el carnet entregado  por el Ministerio de Interior y Policía    se pretenda  adjudicar la nacionalidad de sus padres a  las personas  que accedieron a la fase de registro del plan  Naturalización de la ley 169-14,  sin tener el Estado dominicano potestad de hacerlo.   Este grupo tendrá dificultades de cumplir con los requisitos de un proceso  diseñado para ciudadanos extranjeros con documentos y  nacionalidad acreditada.

Belique abogó por la inclusión de los dominicanos/as  que no pudieron acceder al Plan de Naturalización,  en muchos casos por que la ley no les contemplaba dentro del grupo de beneficiarios a pesar de haber nacido antes del 2010. 

La discriminación de género en el  registro civil, el acoso a comunidades afrodescendientes, las detenciones arbitrarias y el riesgo de expulsión de dominicanos de ascendencia haitiana  fueron también puntos tratados en este  espacio de dialogo entre sociedad civil y estados del continente americano. 

Por sociedad civil el abogado Natanael Santana cerró el foro  con una contundente reflexión:   “Hasta cuando toleraremos que nuestros estados puedan jugar con nuestros derechos y hasta el sentido común. Desatar una crisis de grandes proporciones, invertir miles de horas hombres y cientos  de millones de pesos en un auditoria del registro civil  para determinar que eran solo 132 las actas con vicios de nulidad es risible.  El Estado dominicano no tiene voluntad política de resolver el problema, en vez de acoger la recomendaciones de la Sentencia Yean & Bosico introdujo el elemento de herencia,  descalifica al árbitro natural cuando el Tribunal Constitucional intenta desconocer la competencia de la Corte IDH y se queja de un trato diferenciado cuando ha sido timido en asumir el dialogo y tomar actitudes en consecuencia«.

Estado dominicano:  «Continuaremos trabajando hasta que cada persona con solicitud pendiente reciba respuesta»

La delegación  del Estado dominicano, ausente el pasado año,  estuvo a cargo de un nutrido grupo de abogados y diplomáticos encabezado por Pedro Berges,  Flavio Dario Espinal y Olivo Rodríguez Huertas.  La representación oficial negó que la ley 169-14 sea  discriminatoria, más bien “abrió  vía de regularización de estatus a miles de  personas”.  Exhortó a que el debate no quede en manos de sectores  polarizados. 

Nueva vez  el Estado dominicano situó la problemática de la apatridia desde una perspectiva migratoria, ofreciendo  detalles del Plan Nacional de Regularización, del programa de deportaciones, también dieron informaciones del número de personas inscritas en la primera fase del Plan de Naturalización,  aunque aclararon a los comisionados  se trata de tópicos distintos.   

Los  comisionados cuestionan 

En la extensa ronda  preguntas,  los miembros de la CIDH  formularon sus inquietudes a los representantes del Estado.  La relatora del país Rosa María Ortiz  preguntó sobre el número de  personas que han accedido a documentos de identidad a través de mecanismos disponibles, sin que  la delegación oficial pudiera aportar datos de los  destinari@s que ya han obtenido su documentación en virtud de la ley 169-14.  La presidenta de la instancia Rose Marie Antoine reconoció los  hay avances en el tema  pero aseguró que persiste el clima de incertidumbre  por la actuación contradictoria de funcionarios  públicos.  

¿Nacionalidad restaurada o alternativa?  Fue una de las preguntas del  magistrado Felipe González quien se enfocó en la garantía de derechos de las personas afectadas, especialmente los que no pudieron acogerse al plan de naturalización. 

Sobre delegación de Sociedad Civil

Además de Manuel Dandré, Ana María Belique y  Natanael Santana,   Jenny Morón del Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana, quien tuvo a su cargo la lectura del petitorio por parte de la delegación de sociedad civil Y  Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL.  La delegación estuvo integrada también por    Yovanna Torres del Centro de Formación Agraria (Cefasa),  María Martínez, Roberto Antúan y Génaro del Rincón de Red Jaques Viau.

Dominican@s por Derecho es una plataforma de  organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana.

Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La CIDH es una instancia autónoma  de la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, que provee una vía  legal a los habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado y han agotado procesos locales en el reclamo de justicia.   Tiene el mandato de promover el respeto,  la observancia y protección de los  derechos humanos en la región  siguiendo las directrices de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Está integrada por los comisionados   James L. Cavallaro, José de Jesús Orozco Henríquez, Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson, Paulo Vannuchi y presidida por Rose-Marie Belle Antoine.

Vídeo Audiencia de Oficio Derecho a la Nacionalidad en la República Dominicana

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Fotos Audiencia de Oficio Derecho a la Nacionalidad en la República Dominicana

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