Dominicanos por Derecho y Reconoci.do exigen frente al Tribunal Constitucional cese política de desnacionalización
Santo Domingo, D. N. 23 De Septiembre 2015. Al cumplirse dos años de la evacuación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que desnacionalizó a cuatro generaciones de dominicanos y dominicanas por el origen de sus padres, las organizaciones que integran la Plataforma Dominicanos por Derecho y el Movimiento Reconoci.do reiteraron su rechazo a lo que definen es la génesis de actos inconstitucionales que han lesionado al sistema de justicia en el país.
Cientos de jóvenes afectados por la negación al acceso a sus documentos de identidad, se congregaron frente a la sede del máximo tribunal dominicano en demanda del cese de la política de desnacionalización que se ha estado fomentando desde la Junta Central Electoral y otras instancias del Estado, refrendada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 168-13.
«Una sentencia no puede borrar mi vida»; «Las decisiones que promueven la discriminación y el odio debilitan nuestra nación»; «Ninguna ley vale más que un ser humano», «La Sentencia 168-13 es apatridia» se leía en las coloridas pancartas que se alzaban al sol. Un ataúd y corona de flores se apostaron en señal de duelo, «Nos han matado civilmente» decía el grupo de jóvenes que lo paseaba entre la multitud, mientras a ritmo de tambores los/as manifestantes recordaban las penurias de la vida sin documentos pero también su firme decisión de luchar por sus derechos.
A pesar de que el gobierno promueve la ley 169-14 como una solución definitiva a la crisis
generada por el TC, Ana María Belique hablando en nombre del colectivo aseguró que miles de dominicanos y dominicanas continúan en un limbo jurídico sin recuperar el acceso a sus documentos de identidad, cuya devolución expedita se ordena en la citada norma.
En un documento entregado a los medios, explican que la JCE continúa sus practicas al margen de la ley, ha creado un nuevo libro de registro (Transcripción), sin fundamento legal , donde se han estado colocando los hijos de inmigrantes haitianos inscritos en el registro civil desde el 1929 hasta el 2007, sin dar cuenta del registro original, como si fueran declaraciones tardías realizadas en 2014 y 2015.
Hablan de cientos de casos de personas cuyos documentos han sido bloqueados pero sus titulares no aparecen en ninguna de las publicaciones de «documentos liberados» o demandas de nulidad que realiza la Junta Central Electoral lo que evidencia que el universo de personas afectadas es mucho mayor a la lista de los 55 mil dada a conocer por ese organismo el pasado mes de junio. Otros en cambio han recibido sus actas y cédulas pero su información no encuentra en el sistema automatizado por lo que no pueden formalizar ningún acto de la vida civil como casarse, declarar a sus hijos o abrir una cuenta de banco.
Denuncian que a los dominicanos/as no registrados que aplicaron al Plan de Naturalización en tres pasos planteado en la ley 169-14, se les entrega un carnet de residencia en el que se les atribuye ilegalmente la nacionalidad de sus padres, cuando el Estado dominicano no tiene potestad hacerlo. Afirman que no existe garantía que en dos años este grupo pueda re-adquirir la nacionalidad dominicana.
Mientras el gobierno dominicano niega la existencia de apatridia en el pais, se cuestionan sobre las condiciones de vida y el el futuro de los dominicanos no inscritos en el registro civil que no pudieron acceder a plan de naturalización.
Recuerdan los casos de dominicanos detenidos para ser sometidos proceso de deportación por su aspecto físico, nombre, apellido que no se han materializado por la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Dicen que los problemas de documentación incrementan el riesgo de detenciones arbitrarias.
En la actividad, Rosa Iris Diendomi y Alfredo Oguisten, del Movimiento Reconocido, leyeron la proclama en la que Plataforma Dominicanos por Derecho declara el 23 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Apatridia y la Desnacionalización. El documento entregado por una comisión al Tribunal Constitucional, les exhorta a revocar la sentencia 168-13 por inconstitucional . También se solicita al gobierno dominicano a ratificar la Convención Para Reducir los casos de Apatridia y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
También tomaron la palabra en solidaridad con los desnacionalizados la periodista Maribel Nuñez, la diputada nacional Guadalupe Valdez, Fernando Corona del Partido Comunista y Matías Bosch de Fundación Juan Bosch.
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