Comité en Solidaridad con personas Desnacionalizadas llama a rechazar todo gueto o apartheid en RD

Presentación a la opinión pública el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, Restaurant Sherezade (Foto: Francisco Leonardo )

Santo Domingo, 5 de noviembre de 2013.

Documento constitutivo del Comité de Solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de ascendencia extranjera víctimas de la desnacionalización.

Llamado a la conciencia nacional, en especial a líderes políticos, religiosos y sociales, a intelectuales, profesionales, artistas, comunicadores y a todas las personas sensibles y militantes en la solidaridad del género humano

Desde el 2007 por una simple resolución administrativa de la JCE, sin que mediara una sentencia judicial, miles de ciudadanos y ciudadanas de padres extranjeros, particularmente haitianos, han sido privados del derecho a obtener copias de sus actas de nacimiento bajo la presunción de que obtuvieron la nacionalidad de forma irregular.

De nada han valido los dictámenes de varios tribunales ante los cuales algunas de las víctimas acudieron en busca de amparo frente a una arbitrariedad que les ha dejado sus vidas en suspenso, ocasionándoles grave daños morales, sociales y económicos, al verse imposibilitados de obtener la cédula de identidad, de sacar o renovar pasaportes, de contraer matrimonio o divorciarse y de acceder a trabajos y a estudios técnicos y universitarios.

Cuando se esperaba que el Tribunal Constitucional (TC) respondería a una solicitud de amparo de la ciudadana de origen haitiano Juliana Deguis Pierre, el resultado ha sido la ratificación de la injusticia en base a la interpretación de que no le correspondía la nacionalidad por haber sido hija de extranjeros que se encontraban en tránsito por el país, no obstante que llevan décadas residiendo aquí y que la recurrente tiene 29 años de vida y no conoce ningún otro estado.

El TC juzgó a la señora Deguis sin darle oportunidad a que se defendiera, y además dictaminó en contra de todo el que se encuentre en situación similar, que según la misma sentencia podrían ser cientos de miles de personas, disponiendo que se haga un rastreo de todo el registro civil dominicano a partir de 1929 hasta el 2007, cuando se puso en vigencia lo que se ha denominado política de desnacionalización o genocidio civil, para “identificar e integrar en una lista documental y/o digital a todos los extranjeros inscritos en los libros-registros de nacimiento” para luego “Consignar en una segunda lista los extranjeros que se encuentren irregularmente inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la República”, para finalmente transferirlos administrativamente “a los nuevos libros-registros de nacimientos de extranjeros.”. En síntesis que se declararía extranjeros a personas que podrían tener hasta ocho décadas de nacidas en el país, con raíces sociales y humanas insustituibles.

En alta proporción, los expertos en derecho constitucional y prestigiosos juristas han coincidido en calificar la sentencia del TC como violatoria de principios fundamentales del derecho internacional, de la Constitución de la República y el código civil así como de la misma ley orgánica constitutiva de esa corte. Por igual reconocidas instituciones nacionales e internacionales han rechazado las conclusiones del dictamen considerándolas violatorias de tratados suscritos por el Estado dominicano como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño.

Para excluir a millares de ciudadanos y ciudadanas de la nacionalidad dominicana, el TC reinterpretó las constituciones dominicanas que hasta la del 2010 otorgaban la nacionalidad a todas las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos de diplomáticos y “los que están de tránsito”, extendiendo esto último por tiempo indefinido, en contradicción con el Reglamento de Migración 279 del 12 de mayo de 1939, que limitaba la condición de tránsito a diez días.

Lo que es peor, la sentencia pretende una aplicación retroactiva de una norma en perjuicio de miles de personas, violentando el principio universal de irretroactividad de la ley, ratificado en el artículo 110 de la Constitución vigente que reza: “La ley sólo dispone para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Es obvio que la Constitución del 2010 que nos rige, en su numeral 3, reitera la exclusión de la nacionalidad a los hijos de diplomáticos y personas en tránsito en el país, agregando a quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”, pero su numeral 2 no permite dudas al reconocer la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Estamos ante un despojo masivo de la nacionalidad que sólo tiene precedente en la Alemania de Hitler, cuando se sembraba el odio que generaría el mayor baño de sangre de la historia. Esos ciudadanos y ciudadanas no asaltaron las oficialías civiles para inscribirse como dominicanos. Los registraron porque era la interpretación que prevalecía de la Constitución, reformada al efecto en el 2010.

No escapa a nuestras consideraciones la impracticabilidad del mandato del TC de identificar a todos los hijos de extranjeros indocumentados que pudieron obtener la nacionalidad desde 1929, dado que una proporción importante de los libros de registros están deteriorados o han desaparecido y que miles de esos ciudadanos y ciudadanas han fallecido o han transitado al exterior con documentación dominicana. ¿Invalidaremos retrospectivamente todos sus actos civiles?

Como hasta ahora, la forma más fácil de identificarlos sería por los apellidos “de origen extranjero” cuando acuden a una oficialía a solicitar copia de sus actas, lo que afecta fundamentalmente a los más jóvenes, porque los mayores, que ya tienen cédula de identidad, pocas veces necesitan el acta de nacimiento, sobre todo si son pobres.

Para ejecutar la masiva exclusión se requerirían muchos años, enormes recursos y sobre todo una gran cacería nacional de personas que afectaría no sólo a los de ascendencia haitiana, sino también cocolos, chinos, árabes, judíos, norteamericanos, españoles, franceses, y de muchas otras nacionalidades. Eso sólo serviría para dividir y sembrar odios y resentimientos en contradicción con la esencia misma del pueblo dominicano.

A nadie debe escapar la perspectiva en que se coloca a la nación dominicana de espaldas a principios y cuestiones básicas y sensibles de la convivencia universal marcada por los movimientos migratorios, lo que nos expone a condenas internacionales ya anticipadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las repercusiones podrían afectar a la extensa comunidad dominicana en numerosos países, inclusive en aquellos donde nuestros nacionales luchan por regularizar su estatus de inmigrantes. Por fortuna no se conoce un solo caso donde hoy día se pretenda despojar de su nueva o doble nacionalidad a los hijos nacidos en el exterior de nuestros emigrantes indocumentados. Aunque originalmente fuimos una nación de inmigrantes, hoy día somos netamente de emigrantes y sus remesas han sido y son sostén fundamental de la estabilidad económica nacional.

Estamos frente a un grave drama humano que rebasa los límites de la inmigración y que, aún si faltare el derecho, obligaría a una solución que evite la constitución de un apartheid de cientos de miles de personas, el cual se trasmitiría indefinidamente a sus descendientes. Afecta a seres humanos cuyo vínculo fundamental es la sociedad dominicana, que no se podrían ir para ningún otro país, aunque quisieran.

Alentamos la sensibilidad expresada por el presidente Danilo Medina, quien reconoce la necesidad de encontrar una solución al grave problema que representan las personas desnacionalizadas.

Creemos que la solución está dada en la Constitución actual que reconoce la ciudadanía a todo el que la hubiese obtenido antes de su entrada en vigencia, el 26 de enero del 2010.

Proclamamos una patria amplia para todos los hijos e hijas de esta tierra a quienes se les reconoció la nacionalidad, al tiempo que reclamamos concentrar la atención en solucionar los problemas migratorios en base a la nueva visión concertada por las entidades sociales y políticas, poniendo el acento en limitar los flujos inmigratorios del presente en vez de una absurda persecución del pasado.