Comisión Nacional de Derechos Humanos : «La sentencia 168-13 es una mancha imborrable»

Se celebra hoy  el cumplimiento de un año de la aplicación de la nefasta sentencia n. 168-13 con que Juliana Deguis y miles de compatriotas dominicanos de ascendencia haitiana han sido vilmente despojados de su ciudadanía y por ende de sus derechos civiles y políticos.

Desde ese día,  la sentencia  168-13 no solamente ha dejando una mancha imborrable en la historia de las  violaciones de los derechos humanos en nuestro país,  sino que lo ha cubierto  de ridículo y de vergüenza ante la opinión pública internacional.

Desde ese día un sinnúmero de organizaciones internacionales  han visitado la República Dominicana llamando la atención a nuestro gobierno y a nuestras instituciones sobre la aberración humana y jurídica  que la sentencia representa: desde Amnistía Internacional  hasta las diferentes agencias de las Naciones Unidas, desde la Unión Europea hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, todas a la unanimidad han condenado la sentencia como violatoria de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por la República Dominicana.

Nuestro gobierno y un sector político minoritario pero muy influyente, perteneciente a la extrema derecha xenófoba y racista, han reaccionado a estas críticas de forma arrogante y altanera, no tomando debidamente en cuenta las graves repercusiones que tenía sobre la imagen de nuestro país, pero más grave aún, no preocupándose de las consecuencias sobre la vida de miles de ciudadanos que se han visto despojados de su nacionalidad, sin posibilidad de terminar sus estudios, de abrir una cuenta bancaria, acceder a un préstamo, alquilar una casa, ejercer el derecho al voto…

El Plan Nacional de Regularización para extranjeros y la Ley n.  169-04 sobre “régimen especial y sobre naturalización” han representado un tentativo para poner orden en una situación que se estaba escapando de las manos al gobierno y a la clase dirigente del país. Sin  embargo,  luego de haber denunciado junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos,  la absurdidad del hecho que personas nacidas en la República Dominicanas y no declaradas tengan que  pasar por un proceso de naturalización migratoria para poder gozar de su  derecho constitucional  a la nacionalidad, a la fecha no podemos no denunciar que solamente una pequeña minoría ha podido acceder a la Ley 169-04 de hecho,  apenas el 1% de todos los que tienen derechos a recurrir a ella. Recordamos que el plazo era muy breve, hoy en día faltan alrededor de 30 días para su vencimiento  y a miles de ciudadanos la Junta Central Electoral de forma muy arrogante y prepotente les sigue negando la expedición de sus documentos.

A todo esto, por si fuera poco, agregamos el acoso y la persecución a la que es sometida la señora Juliana Deguis, a quien se le sigue violando su derecho de denunciar un abuso que ha sufrido en su propia piel, antes negando de haberlo cometido y luego presionándola respecto a su participación a un foro internacional sobre apatridia. Condenamos también las amenazas y acusaciones hacia la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y hacia su representante, el señor Gonzalo Vargas Llosa a quien expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad. Se trata de una actitud, impulsada por nuestras autoridades,  retrograda y peligrosa ya que calienta e incita la opinión pública hacia sentimientos de odio racial e intolerancia que no ayudan a la armonía social y civil de la que necesita el país.

Condenamos las declaraciones hechas por funcionarios públicos por medio de la  prensa,  según las cuales en el país “no hay apátridas”. Negar la violación de un derecho es como violarlo dos veces,  además de que de esa forma  se confunde y manipula de manera burda y torpe la opinión pública dominicana.

Condenamos finalmente además,  el clima de violencia e intolerancia que se está impulsando en el país, tanto desde las instituciones públicas, cuanto desde el gobierno y cierta prensa nacional, clima  que está llevando a una situación explosiva en la que caben situaciones graves e inaceptables como la ocurrida el sábado pasado en el sector 27 de Febrero donde un ciudadano haitiano ha sido ejecutado en plena calle por dos efectivos de la Policía Nacional en el medio de un operativo  sin presuntamente ningún motivo o causa  aparente.

Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteramos nuestro firme e inquebrantable  apoyo hacia  los miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, nuestros compatriotas,  que se han visto negar sus derechos civiles y políticos; hacia Juliana Deguis y  Gonzalo Vagas Llosa,  frente a las presiones recibidas; hacia todos los organismos internacionales de promoción y defensa de los derechos humanos a quienes pedimos  seguir acompañándonos en este difícil camino de fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país y en fin, hacia todos los migrantes, legales e ilegales, con papeles o sin papeles, ya que nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos nos obliga a tener como último fin de nuestra labor la defensa del ser humano,  independientemente de su condición social, raza, religión y  nacionalidad.