Santo Domingo, Rep. Dom. Al cumplirse el primer año de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, la Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús, urgió al gobierno a aumentar los esfuerzos y mejorar las políticas para solucionar el problema que atraviesan los afectados.
En una declaración de prensa, la Red afirma que todavía hoy persisten las violaciones de derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, razón por la cual numerosas organizaciones nacionales e internacionales han propuesto recomendaciones para evitar que esto siga ocurriendo.
Respecto a las opiniones y acciones de agencias internacionales, criticadas por los grupos y personalidades neonacionalistas, la Red agrega que siendo el Estado dominicano que mantiene y se beneficia de relaciones bilaterales y multinacionales y es fundador de la Organización de las Naciones Unidas, no debe sorprenderse de que aquellas promuevan la protección de los derechos humanos.
Recuerda que en ese marco el presidente Danilo Medina propuso y promulgó la Ley 169-14, cuyo proceso de implementación, se queja la organización, adolece de múltiples deficiencias.
“Estas dificultades se presentan tanto para los hijos e hijas de extranjeros nacidos en el país, a quienes en su momento se les reconoció la restitución de sus documentos y nacionalidad dominicana, como para aquellos que nunca fueron inscritos y a quienes la ley reserva un plan de registro particular encaminado a un proceso de naturalización especial dentro de dos años”, dice la Red.
Como prueba de sus afirmaciones, la Red cita que a casi cuatro meses de la vigencia de la ley, solo el 1% de los inscritos en el registro civil ha tenido acceso a su documentación de identidad.
Además, el grupo de los que nunca fueron inscritos en el registro civil no ha sido informado y orientado debidamente, lo que es agravado por el hecho de que solo en 18 de las 32 provincias del país, de las que están excluidas las fronterizas se reciben solicitudes de inscripción. La consecuencia ha sido que cuando ha transcurrido la mitad del plazo legal, solo han sido atendidas 460 de las más de 53,000 personas incluidas en la estimación oficial.
Reiterando la necesidad de adoptar políticas que superen cuanto antes estos escollos, la Red apunta que será esta la mejor manera “de proyectar nuestra imagen internacional como un país soberano, respetuoso de los convenios internacionales, que sabe armonizar su pertenencia a la comunidad mundial y honrar sus acuerdos internos para proteger los derechos fundamentales de su población”, concluye la Red.
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