Centro Kennedy: Comunidad internacional debe monitorear correcta aplicación ley 169-14

Escrito y publicado por: www.rfkcenter.org

(30 de Julio 2014| Washington, D.C.) Kerry Kennedy, Presidenta del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK), y Santiago A. Canton, Director del Programa de Derechos Humanos del Centro RFK, han hecho un llamado a la comunidad internacional a monitorear de cerca la aplicación de la Ley de Naturalización de la Republica Dominicana y han destacado la necesidad persistente de encontrar una solución para los cientos de miles de ciudadanos dominicanos que se ven ahora obligados a reportarse como extranjeros o convertirse en apátridas.

Una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana del año pasado (168-13) privó arbitrariamente a más de 200.000 dominicanos (la mayoría de ascendencia haitiana) de su ciudadanía, dejándolos apátridas. Como respuesta a esta sentencia, el gobierno dominicano ha promulgado una serie de leyes y políticas colectivamente introducidas como una “solución” a la crisis de apatridia. La semana pasada, el gobierno dominicano publicó sus regulaciones para implementar la Ley de Naturalización (169-14). Aunque esta Ley otorga nuevamente la ciudadanía a personas como la clienta del Centro RFK Juliana Deguis Pierre, la mayoría de los dominicanos despojados de su nacionalidad por la decisión del Tribunal Constitucional se ven ahora obligados a reportarse como extranjeros en un plazo de 90 días. Estas personas deben entonces referirse al Plan Nacional de Regularización establecido para los inmigrantes indocumentados, y deben luego esperar dos años más para tener la oportunidad de solicitar una forma menor de ciudadanía naturalizada, que ni siquiera es garantizada.

“El progreso logrado por la Ley de Naturalización es en gran medida ilusorio, ya que el gobierno dominicano sigue privando a miles de sus ciudadanos de la nacionalidad que les corresponde”, dijo Kerry Kennedy. “Incluso aquellos que supuestamente se benefician de la Ley de Naturalización están experimentando innumerables obstáculos y retrasos. Para enfrentar esta violación al más fundamental de los derechos humanos, no hay nada que sustituya una acción real y medible. Hasta el momento, el gobierno dominicano no la ha proporcionado.”

Muchos de los que supuestamente se benefician de la Ley de Naturalización enfrentan dificultades al acceder a sus documentos de ciudadanía. A Juliana Deguis Pierre le fue inicialmente negado el acceso a su documento nacional de identidad por oficiales del registro quienes la llamaron “extranjera”, incluso después de que la Ley de Naturalización entrara en vigor. Después de repetidos intentos de parte de la Sra. Deguis Pierre de obtener sus documentos, mientras oficiales pasaron semanas revisando su expediente, las autoridades dominicanas finalmente anunciaron la semana pasada que ella debería recibir su tarjeta de identificación nacional en un plazo de 30 días. Los oficiales del registro civil han culpado por la demora al hecho de que ahora deben auditar el archivo de todas las personas que buscan acogerse a la Ley de Naturalización, pero las dificultades de la Sra. Deguis Pierre destacan una preocupación seria y creciente de que incluso los pocos afortunados que han visto su nacionalidad restaurada siguen peligrosamente a merced de los mismos oficiales locales que les han negado sus documentos durante décadas.

Al testificar ante el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada, Santiago A. Canton instó al gobierno de EE.UU a seguir utilizando todos los instrumentos a su disposición, incluyendo las relaciones comerciales, para incentivar al gobierno dominicano a revertir el curso y garantizar el derecho a la nacionalidad.

“Aquellos que han sido despojados de su nacionalidad se han visto impedidos repentinamente de participar en actividades económicas tales como trabajar en el sector formal o realizar aportes a los fondos de pensiones o de seguridad social. A muchos de estos dominicanos también se les ha impedido asistir a la universidad, lo que obviamente limita drásticamente sus oportunidades económicas,” dijo Santiago A. Canton durante su testimonio. “Cuando se les niega a las personas sus derechos o quedan sistemáticamente excluidos de las oportunidades económicas, eso a menudo resulta en inestabilidad social que puede tener consecuencias económicas generalizadas. Por lo tanto, la protección y la promoción de los derechos humanos es un paso vital hacia el desarrollo económico y ciertamente debe ser tomado en cuenta en cualquier política de EE.UU. hacia la Republica Dominicana, especialmente la política que implica inversiones en el país.”

Sobre el  Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos

Fundado en 1968, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK) tiene como misión avanzar la visión de Robert F. Kennedy de un mundo más justo y pacífico. En asociación con defensores de derechos humanos del mundo entero, RFK Partners for Human Rights es la rama de litigio, promoción de derechos, y denuncia de violaciones del Centro RFK.

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