Amnistía Internacional: La reacción a un fallo judicial muestra un sorprendente desprecio por el derecho internacional
La desdeñosa reacción de la República Dominicana al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los abusos contra los derechos humanos sufridos por los dominicanos de ascendencia haitiana y los migrantes haitianos demuestra un sorprendente desprecio por el derecho internacional y las responsabilidades legales del país, ha dicho Amnistía Internacional.
El fallo emitido esta semana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide a la República Dominicana que proporcione reparación por los abusos contra los derechos humanos sufridos por las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana como consecuencia de expulsiones ilegales, negación de documentos de identidad y privación arbitraria de la nacionalidad, entre otras prácticas. Y sin embargo, ayer el gobierno rechazó oficialmente la sentencia de este tribunal regional “por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna”.
“Al rechazar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la República Dominicana está desdeñando el derecho internacional. La Corte halló que se habían cometido graves abusos contra los derechos humanos. La República Dominicana no puede limitarse a ignorar este fallo por el simple hecho de que no le gusta el resultado”, ha dicho Chiara Liguori, investigadora sobre el Caribe de Amnistía Internacional.
“En enero de 2014, el presidente Danilo Medina afirmó que no permitiría la violación de los derechos personales de nadie. Es hora de que esa afirmación se refleje en la práctica.”
La decisión de la CIDH se ajusta plenamente a anteriores investigaciones de Amnistía Internacional. La organización ha documentado una discriminación constante de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, especialmente en el acceso a los documentos de identidad. Esta arraigada discriminación se agravó tras un fallo del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013 que convirtió en apátridas a miles de personas de ascendencia extranjera.
La CIDH halló que, con el fallo de septiembre de 2013, el Estado dominicano no había tomado medidas positivas para respetar los derechos a la nacionalidad, la identidad y la protección judicial, y ordenó a República Dominicana que revocara la decisión constitucional y adoptara todas las medidas legislativas necesarias –incluso enmiendas constitucionales, en caso necesario– para regular un proceso de registro de nacimientos sencillo y accesible, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos.
En mayo de este año, el Congreso de la República Dominicana aprobó por unanimidad la Ley 169/14, que establecía dos categorías de población: las personas que habían sido registradas en algún momento en el registro civil dominicano y las que nunca habían sido declaradas.
Las personas pertenecientes al primer grupo tenían la posibilidad de que se les devolviera su plena nacionalidad dominicana mediante un procedimiento rápido, mientras que las del segundo grupo eran consideradas extranjeras y debían solicitar la nacionalidad dominicana partiendo de cero.
La CIDH falló que las disposiciones que obligan a los dominicanos a registrarse como extranjeros vulneran el derecho internacional de los derechos humanos. También señaló que la condición de migrante de un progenitor no afecta al derecho a la nacionalidad del hijo.
Amnistía Internacional pide a la República Dominicana que acate rápida y eficazmente el fallo de la CIDH.
“Es vergonzoso que el gobierno dominicano haya rechazado tan desconsideradamente el fallo de la CIDH. Los sistemas regionales y nacionales de derechos humanos se crearon para garantizar a todo el mundo una vía jurídica para buscar justicia y reparación por abusos contra los derechos humanos cuando los sistemas de justicia nacionales les han fallado”, ha afirmado Chiara Liguori.
“La República Dominicana está en una encrucijada. ¿Continuará discriminando a las personas haitianas y dominicanas de origen haitiano o tomará nota de estas protestas y mejorará las vidas de este vulnerable sector de la población? La negación a acatar este fallo pone en peligro los avances conseguidos en algunas áreas de derechos humanos en los últimos años.”
