Y digo apátridas, ¡sí! ¡apátridas!; porque para que les sean restituidos sus documentos han debido despojarlos de los mismos en algún momento. Y es exactamente la razón que no alcanzo a comprender; sobre todo, respecto a mi hermano, quien es dominicano desde su nacimiento y no precisamente a partir de disposiciones administrativas de la JCE o de nuevas legislaciones.

De modo tal que me indigné mientras hojeaba el listado de la JCE; y mucho más me fui encrespando al compás que iba escuchando al presidente Danilo Medina discurseando en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde puntualizó: “La realidad es que en República Dominicana no se han registrado casos de apatridia, por más que algunos quieran seguir inventándolos”.

Como dicen que “el tabaco es fuerte, pero hay que fumárselo”; comencé a desmenuzar  tan amargo asunto, hasta comprender que en su afán de crear un burdo teatro frente a los dominicanos de ascendencia haitiana, la JCE actúo de manera administrativa para corregir errores

¿Inventándolos? ¡No!, he aquí el caso de mi hermano menor: en el año 1973 nació mi hermano, Amado Gil Mateo. Él fue bautizado con ese nombre en memoria de mi abuelo materno, Amado Mateo Terrero; quien fue alcalde de la comunidad de Jínova, en San Juan de la Maguana, a mediados del siglo XX. Por supuesto que para ostentar la posición de alcalde no se podía, ni se puede aún ser sin poseer la nacionalidad dominicana.

En consecuencia, mi madre siendo descendiente de dicho alcalde y, ostentando también mi abuela la nacionalidad dominicana; al nacer en tierra sanjuanera, derivó en ser una pura dominicana, la cual contrajo matrimonio civil en 1969 con un español que más tarde fue nacionalizado dominicano; es decir, con mi padre.

Si mi madre-dominicana alumbró sus cuatro hijos en la ciudad de San Juan de la Maguana, en la misma clínica, ubicada entonces en la calle principal de la ciudad, a dos cuadras del Arco del Triunfo; y mi padre, al nacer cada uno de sus hijos procedía a presentar declaración de nacimiento ante la Oficialía Civil de esta misma ciudad; inclusive la de mi hermano Amado, entonces cabe preguntar: ¿cómo puede justificar la JCE que mi madre procreara tres hijos dominicanos y uno apátrida?

Es precisamente el pasado 26 de junio, al observar el listado de 55 000 “favorecidos” que publicó la JCE, cuando me entero que el penúltimo hijo de mi madre; aunque al igual que los demás, trajo consigo la nacionalidad dominicana y siempre ha tenido todos sus documentos hábiles, en algún momento estuvo como un apátrida según lo que informa la JCE.  ¡Qué barbaridad! ¿Quién podría desenvolverme este andullo?

Como dicen que “el tabaco es fuerte, pero hay que fumárselo”; comencé a desmenuzar  tan amargo asunto, hasta comprender que en su afán de crear un burdo teatro frente a los dominicanos de ascendencia haitiana, la JCE actúo de manera administrativa para corregir errores, que bajo ninguna circunstancia debían convertir en apátridas a dominicanos y dominicanas para luego, con una simple publicación de un listado, restituirles sus documentos.

Y es que el caso de Amado Gil Mateo, San Juan de la Maguana, No. Registro 012-01-1973-70-00516 que aparece en ese susodicho listado como uno entre los 55 000 nombrados, resulta muy  interesante; además de preocupante. Este caso debe llamar la atención de la comunidad dominicana, y de toda la comunidad internacional; especialmente de la española: Amnistía Internacional, sobre todo de Amnistía Española.

Es preciso saber: ¿en qué momento mi hermano dejó de ser dominicano y en qué momento volvió a serlo? ¿Por disposición de quién? Si esto no es un agravio, ¿qué es? Si mi hermano tenía acta de nacimiento, cédula de identidad y electoral; y hasta acta de matrimonio civil, ¿qué produjo su apatridia para luego resultar “favorecido” por la restitución de sus documentos por parte de la JCE?

Eso constituye un verdadero chantaje por parte de las autoridades dominicanas: ¡Nunca debieron despojarlos de sus derechos! Haberlo hecho constituye una franca violación a los derechos inalienables de todo dominicano(a) que ha sido afectado, tal cual es el caso de mi hermano.

Aunque duele reconocerlo, en nuestro país sí se están violando los derechos humanos. ¡Y conste que expresar esto es como tolerar sal en una herida! Y lo manifiesto de tal modo porque amo este trozo de isla, que gracias a mi madre es mi Patria y la de todos mis hermanos. Por lo tanto, las palabras del presidente Danilo Medina presentadas en el SICA no pueden confinarme al silencio: preciso cantar una vez más la verdad y nada más que la verdad. Si desean, pueden confirmar que mi hermano, Amado Gil Mateo, está incluido entre estas 55 000 personas; en este link: http://beta.jce.gob.do/web/pdf/AuditoriaRC_Autorizados_Transcritos.pdf

En calidad de dominicana, no acepto bajo ninguna circunstancia que por una arbitrariedad administrativa, desde la JCE le hayan despojado de su nacionalidad a esas 55 000 personas, donde incluyeron al Sr. Amado Gil Mateo; para  luego, restituirles sus documentos, mediante una actuación que luce pura y simplemente politiquera.

Ya que todo indica que tal acción ha sido disimulada bajo el amparo de  la tenebrosa Sentencia TC 168-13, la resolución 12-07 y la nueva Ley 169-14; como si avanzaran a “pies juntillas” como bien sabe hacerlo el expresidente Leonel Fernández con su “Sí, pero no; sino todo lo contrario”: Danilo en SICA y la JCE con su listado en los periódicos dominicanos, cuando mi hermano hace rato ya poseía su nueva cédula de identidad y electoral y, quien sabe si muchos otros más o todos. Pero al parecer había que montar el espectáculo ese día, no precisamente para informar a los beneficiados.

En lo que alcanzamos a comprender la magnitud de este problema, valga cuestionar: ¿adónde hubiera sido conducido mi hermano de no haber podido mostrar el acta de nacimiento de nuestra madre en la auditoría realizada por la JCE? ¿Cómo hubiese sido conducido? ¿De verdad lo hubiesen conducido a otro país, como al vecino Haití?

Aún así, es un tremendo atolladero el pasar de una auditoria de documentos, a un caso de apatridia y a la restitución de sus documentos; para luego terminar “favorecidos” y, quien sabe si por agradecimiento, hasta convierten al presidente Medina en su favorito. En definitiva, eso constituye un verdadero chantaje por parte de las autoridades dominicanas: ¡Nunca debieron despojarlos de sus derechos! Haberlo hecho constituye una franca violación a los derechos inalienables de todo dominicano(a) que ha sido afectado, tal cual es el caso de mi hermano.

En tal sentido, el presidente de la República Dominicana debe saber que sentimos sus palabras con tono amenazador; esas  pronunciadas en SICA y, lo expreso públicamente, no con la intención de desafiarlo; sino de aclarar que su declaración en la que refiere que en el país “no hay ningún caso de apatridia”, es  contraria a la verdad: ¡ahí está el caso de Amado Gil Mateo! Y quién sabe de cuantos más.