Amnistía Internacional: Las medidas para restaurar la nacionalidad son sólo un primer paso
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el documento final del examen periódico universal sobre la República Dominicana el pasado 20 de junio de 2014. En el marco de esta actividad, la organización Amnistía Internacional ofreció declaraciones sobre la violación de derechos humanos en el país, con especial enfoque en el tema de los abusos policiales y el peligro de apatridia que enfrentan miles de dominicanos/as. A continuación, reproducimos parte del comunicado en el que se expresa preocupación por el futuro de los afectados/as los que no les será restituida plenamente la nacionalidad dominicana que les corresponde.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU │ 26º periodo de sesiones. Foto: Fuente Externa.
Escrito por Amnistía Internacional │ 24 de Junio de 2014
Varios Estados expresaron su preocupación en torno al derecho a la nacionalidad y la discriminación sufrida a este respecto por las personas dominicanas de ascendencia extranjera, en especial las de ascendencia haitiana.
Muchos se refirieron explícitamente a las consecuencias en materia de derechos humanos de la resolución 168-13 del Tribunal Constitucional, de 23 de septiembre de 2013, que priva retroactivamente a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, nacidas entre 1929 y 2010, de su nacionalidad dominicana, y las convierte en apátridas.
Desde el examen, el gobierno ha introducido legislación dirigida a abordar las consecuencias de esa resolución. El proyecto de ley, adoptado por el Congreso el 21 de mayo, representa un primer paso en la dirección correcta, pero no permite la restauración plena y automática de la nacionalidad dominicana a las personas privadas arbitrariamente de ella. Obliga a miles de personas no inscritas nacidas en la República Dominicana de padres extranjeros a someterse a un largo y arduo proceso de nacionalización, durante el cual seguirán siendo apátridas y, por tanto, verán negados una serie de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la educación, el empleo y los servicios de salud. Además, los activistas locales han expresado su preocupación por el riesgo de discriminación y arbitrariedad por parte de los funcionarios del registro civil a la hora de aplicar la ley.
Aunque Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción el apoyo mostrado por la República Dominicana a las recomendaciones para combatir la discriminación racial y para introducir medidas encaminadas a prevenir la discriminación en el proceso de concesión de la ciudadanía e inscripción en el registro civil, la organización lamenta que se hayan rechazado las recomendaciones relativas a garantizar el derecho a la nacionalidad y adoptar medidas para identificar, prevenir y reducir la apatridia. Amnistía Internacional insta a la República Dominicana a reconsiderar su postura respecto a estas recomendaciones.
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