Tiempo suficiente para hacer justicia

El comunicado fue compartido en el Colegio de Periodistas

Comunicado del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas.

Santo Domingo, 13 de mayo del 2014. Seis semanas después de la ronda de consultas del presidente Danilo Medina a sectores políticos y religiosos y a casi ocho meses de la infausta sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), es tiempo más que suficiente para que se materialice la solución humanitaria y acorde con los principios fundamentales de la Constitución y el derecho internacional que ha sido reiteradas veces prometida. Por encima de toda consideración está el sufrimiento y daño causado a decenas de miles de personas que tienen suspendidos sus derechos fundamentales.

1.- En primer lugar debemos señalar que este Comité de Solidaridad está constituido por más de 500 dominicanos y dominicanas de diversos sectores sociales con el objetivo de contribuir a una solución humana que reivindique los derechos constitucionales y los compromisos de la nación con los preceptos fundamentales del derecho internacional, con ánimo de entendimiento y respeto de la diversidad, no para estimular la confrontación, la exclusión y el odio que algunos tratan de sembrar.

2.- En cumplimiento de ese objetivo hemos tocado todas las puertas donde podíamos encontrar interlocutores, desde el presidente de la República y sus más cercanos colaboradores, al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente de la República Leonel Fernández, hasta el liderazgo político, empresarial, religioso y social. Es relevante que en todos ha habido comprensión sobre la justeza y necesidad de una solución que restituya los derechos conculcados, aunque por diversos caminos. Ello incluye a los dos mayores líderes del partido gobernante y que tiene absoluta mayoría en las cámaras legislativas, y de manera relevante a todos los líderes empresariales y religiosos con los que hemos conversado.

3.- Vale precisar que en la reunión que sostuvimos con el doctor Leonel Fernández hace cinco semanas, él nos informó de un consenso que había alcanzado con el presidente Medina para reconocer mediante ley las actas de nacimiento registradas por los oficiales del Estado Civil antes de la sentencia 168-13, lo que revocaría las desnacionalizaciones. Aunque compartiendo los criterios del TC que las ha considerado improcedentes, entiende que no se puede hacer pagar el “error del Estado” a personas que no han intervenido en su materialización.

4.- Seguimos sosteniendo que la sentencia viola una docena de preceptos constitucionales y reiteramos nuestra preferencia por una solución dominicana al conflicto originado por la circular 12-07 de la JCE y la sentencia del TC, partiendo del planteamiento del numeral 2 del Artículo 18 de la Constitución que reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, así como del Artículo 110 de la misma Constitución que ratifica el principio jurídico de la no retroactividad de la ley: “En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

5.- Sin embargo, si somos incapaces de hacer prevalecer los principios constitucionales en torno a los derechos de la nacionalidad de los nacidos en el país antes de la Constitución del 2010 que cambió el marco jurídico al respecto, tenemos la posibilidad de apelar a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), prevista en el artículo 72 de su reglamento y en el 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado dominicano y que son parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con el artículo 74.3 de la Constitución de la República.

6. La prolongación de este grave conflicto solo sirve para que la nación dominicana siga siendo cuestionada en todos los ámbitos del derecho internacional y sigamos recibiendo acusaciones de xenofobia y racismo de organismos y organizaciones, así como de medios de comunicación social de todo el mundo. Esos cuestionamientos, en vez de disminuir como algunos esperaban, han estado en permanece crecimiento con el paso de los meses. Con el agravante de que al final nos espera un dictamen revocatorio y vinculante de la CIDH considerado inevitable a la luz de su jurisprudencia, especialmente por la sentencia del 2005 sobre el caso Yan y Bosico.

7.- Como planteamos en comunicado del 29 de noviembre, “La superación de este conflicto, que ha dividido profundamente a la sociedad dominicana, permitirá centrar la atención en la recién presentada propuesta de “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular”, discutido durante casi dos años. Esta propuesta parece más realista y viable, y supera considerablemente las dos versiones anteriores. La misma contempla las medidas fundamentales para iniciar el control de la desproporcionada inmigración haitiana. Saludamos este esfuerzo normativo que deberá proseguirse con otros de carácter nacional y bilaterales, al tiempo que reclamamos que no se le contamine pretendiendo ahora aplicarlo a nacionales dominicanos, nacidos en el país, como ocurre en el Párrafo del Artículo 8 del Proyecto.”

Superemos definitivamente este diferendo y permitamos que el gobierno concentre toda su atención en los grandes propósitos que presentó al electorado hace dos años.-

Equipo de Coordinación

Miguel Ceara Hatton

Carmen Amelia Cedeño

Juan Bolívar Díaz

Mons. Julio César Holguín K.

Víctor Víctor

Wilfredo Lozano

Eulogia Familia

Cristóbal Rodríguez

Rev. Mario Serrano

Ana Selman

Guadalupe Valdez