Políticas más restrictivas en materia migratoria erosionan el estado de derecho en República Dominicana
En años recientes, se ha visto un endurecimiento de las políticas migratorias en la República Dominicana, incluyendo expulsiones transfronterizas cada vez más significativas tanto en volumen como en las categorías de población migrante haitiana afectada. A pesar de la ONU haber hecho reiteradas llamadas a todos los estados de desistir con deportaciones hacia Haití mientras la crisis multifactorial persiste, en octubre 2024, República Dominicana tomó la medida de aspirar a 10 mil deportaciones semanales de personas del vecino país sospechadas de estar fuera de estatus migratorio regular.
Dicha medida obstaculiza la depuración individual de las personas detenidas en redadas y personas dominicanas de ascendencia haitiana pueden estar erróneamente bajo la amenaza de expulsión “de su propio país.” Solo en 2025, organizaciones de la sociedad civil han observado la detención y/o deportación de cientos de personas beneficiarias de la Ley 169-14, incluyendo personas que nunca habían adquirido la nacionalidad dominicana, pero quienes tuvieron este derecho bajo la constitución cuando nacieron y quienes fueron naturalizados por decreto presidencial. A la vez hijos-as de parejas mixtas con un progenitor dominicano han tenido su derecho a la nacionalidad dominicana irrespetada. Estas detenciones con miras a inflar las deportaciones han afectado a niños-as y mujeres de manera desproporcional.
Al volumen descomunal de esta suerte de migración forzada se agrega una nueva medida de abril de 2025 que restringe el acceso a salud pública en los hospitales de maternidad para mujeres extranjeras (léase haitianas), cuyo resultado ha sido una disminución en el uso de estos servicios de parte de las mujeres embarazadas referidas. Por una parte, al tener personal de la Dirección General de Migración (DGM) apostado en hospitales, se interfiere con la prestación de servicios de salud y ponen en riesgo la salud y la seguridad de mujeres embarazadas, en el posparto o post cesárea con su deportación inmediata. Por otra parte, el evidente aumento de partos en casa no solamente es una amenaza para la mujer embarazada al dar a luz en condiciones no idóneas, limita el acceso a vacunas y un acceso ágil a registrar los hijos/as que pueden nacer en estas circunstancias, dificultando progreso con el ODS 16.9 que apunta a garantizar una identidad legal para todos/as y, de alguna manera, contribuyendo a más personas apátridas en el país.
Organizaciones de la sociedad civil entienden que urge respetar un cortafuegos entre control migración y acceso a servicios públicos. Animan a establecer cortafuegos para impedir el intercambio de información entre prestadores de servicios públicos y control migratorio. Esto se alinea con las pautas de los comités de la ONU en un Comentario conjunto general en 2017: “Obstáculos legales y prácticos al registro de nacimiento deben ser eliminados, incluyendo prohibir el intercambio de datos entre prestadores de salud o funcionarios públicos responsables para el registro con autoridades de control migratorio; y/o requerir a los progenitores producir documentación alrededor de su estatus migratorio.”
Por último, cabe notar que estas violaciones de los derechos de personas nacidas en el país, incluyendo a menores de edad no acompañados y separados de sus familias, han sido ilustradas en documentales y podcasts recientes.
Plataforma Dominican@s por Derecho (DxD)
