Retroceso institucional impide solución dominicanxs desnacionalizados
Posicionamiento de la Plataforma Dominican@s por Derecho a ocho años de promulgación Ley 169-14
Reiteramos el llamado que desde sociedad civil hemos venido realizando al presidente Luis Abinader: Es urgente subsanar por diversas vías los efectos negativos que la TC 168-13 ha causado en la sociedad dominicana, contemplar el diseño de políticas que promuevan la resiliencia e inclusión social de dominicanos/as víctimas de la política de desnacionalización.
Hoy 23 de mayo en el octavo aniversario de la Ley 169-14, el colectivo de organizaciones que integra la Plataforma Dominican@s por Derecho, pide al Estado Dominicano cumplir el compromiso asumido con la promulgación de la Ley 169-14, para la restitución de la nacionalidad y entrega efectiva de documentación a dominicanos privados de sus derechos civiles y políticos, quienes continúan a la espera de una solución real y efectiva a los problemas ciudadanos generados por la TC 168-13.
Confiando en la institucionalidad y protección que debe brindarles el Estado, miles de dominicanos han accedido de buena fe a los mecanismos planteados en la Ley 169-14 para el restablecimiento de sus derechos de ciudadanía. Ocho años después, se encuentran en un proceso de desnacionalización intermitente, con sus vidas en vilo ante la implementación de políticas excluyentes que amenazan los pocos avances alcanzados en materia de documentación.
Demandamos sea resuelta la grave situación que tiene lugar en el Ministerio de Interior y Policía (MIP), cuyas autoridades han deshabilitado el departamento de seguimiento al proceso especial enmarcado en el literal B de la Ley 169-14 para el segmento no inscrito en el Registro Civil.
Más de 7 mil dominicanos que aplicaron al proceso de registro que debía conducirles a la nacionalidad vía naturalización en un periodo de dos años, hoy están en situación de riesgo, con su documentación vencida, arbitrariamente referidos a otros departamentos para renovar como extranjeros. De igual manera, las autoridades han desconocido los decretos presidenciales 262-20 y 297-21 que otorgaron la nacionalidad a 799 personas, sin que hasta el momento se haya materializado la entrega de documentación que la acredite.
En lo relativo a la Junta Central Electoral, continúa la práctica de trasladar a libros de transcripción y demandar en tribunales a dominicanos que ya cuentan con un registro de nacimiento correctamente sustentado, en contradicción con el espíritu de la Ley 169-14 que ordena la devolución de sus documentos de forma rápida y sin procedimientos a cargo de las personas.
Señalamos como preocupante la inscripción en los denominados libros de extranjería de dominicanos/as a quienes corresponde el registro en los libros regulares. Estas acciones segregacionistas ponen en estado de vulnerabilidad a las/los destinatarios de la Ley 169-14 y en la práctica crean categorías ciudadanas distintas a la del resto de la población nacional.
Cabe recordar que sin una cédula de identidad vigente los dominicanos/as no pueden hacer ningún tipo de trámite de la vida civil, acceder a empleos formales, obtener un seguro médico, comprar o solicitar servicios a su nombre, ni ser beneficiarios de programas de asistencia del Estado lo que tiene un impacto negativo en familias y comunidades en momentos en que todo el país lucha por recuperarse de la crisis económica y de salud que ha quedado como secuela del Covid-19.
Reiteramos el llamado que desde sociedad civil hemos venido realizando al presidente Luis Abinader: Es urgente subsanar por diversas vías los efectos negativos que la TC 168-13 ha causado en la sociedad dominicana, contemplar el diseño de políticas que promuevan la resiliencia e inclusión social de dominicanos/as víctimas de la política de desnacionalización.
La Plataforma Dominicanos por Derecho reafirma su disposición y solicitud de retomar espacios de diálogo y de trabajo como vía idónea para avanzar en el camino de restaurar derechos a dominicanos/as privados de su nacionalidad, de modo particular para aquellos que no tienen configurada una solución, en consonancia con las recomendaciones de instituciones nacionales y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
