Los “huérfanos” de Dominicana
Escrito por Melissa Silva Franco. Publicado por Correo del Caroní.
Ese fenómeno de inmigración se oficializó sólo con una ficha de identificación que se entregó a cada haitiana, y sin ninguna otra condición legal. Estos obreros se asentaron en República Dominicana, cumplieron su deber obrero, construyeron sus casas y extendieron sus raíces con hijos y nietos que hoy son -y se sienten- dominicanos. Así transcurrieron los años y con ellos una población inmigrante de clara presencia. Pero desde el pasado septiembre, una sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana decidió arrebatar la nacionalidad a estos hijos de inmigrantes.
Esta decisión judicial establece que para ser reconocido como ciudadano dominicano es necesario demostrar que al menos uno de los padres tiene estatus legal dentro del país.
Epifanía Chals es una de ellas. Sus padres llegaron de Haití en la década de los años 60 y la trajeron al mundo en pleno apogeo de las haciendas de caña de azúcar donde trabajaba la familia durante intensas jornadas.
“Mi padre llegó en 1963 y mi madre en 1970 desde Haití. Trabajaron toda su vida muy duro en las haciendas de caña, se dejaron la piel rindiendo el servicio, aquí nacimos todos los hermanos. Hace unas semanas fui a presentar a mi hija recién nacida, y me dijeron que no podía hacerlo porque mi documento de identidad tenía que volver a ser validado. Te dicen en tu propia cara que no eres dominicano, y eso duele, duele mucho porque nací aquí, y porque le están robando el derecho también a mis hijas”, explica Epifanía.
El abogado Nassef Perdomo considera que la sentencia viola lo establecido en la Constitución Nacional, y que hace prevalecer una medida de carácter meramente administrativo. “Es una decisión que afecta a más de cuatro generaciones de descendientes de haitianos, de más de 250 mil personas que nacieron en este país y se les está negando el derecho a la identidad. Estamos hablando de hijos, nietos, tataranietos afectados”.
La medida niega la posibilidad a estos ciudadanos de conseguir su certificado de nacimiento, un documento que en República Dominicana es imprescindible para contraer matrimonio, estudiar, comenzar un negocio, tener permiso de conducir u obtener el pasaporte.
Para el defensor de los Derechos Humanos, Francisco Henry, esta situación se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional rectifique su decisión, la Corte Interamericana dicte medidas provisionales de protección o mientras se realicen los procedimientos de reclamación de la nacionalidad haitiana, “lo cual es extremadamente complejo y materialmente casi imposible”.
Ana María Belique vive en carne propia la negativa del gobierno a entregar el certificado de nacimiento, un trámite que hace infinitamente inviable poder obtener el documento de identidad, exigido para ejercer el derecho al voto, abrir una cuenta bancaria o ir a la universidad.
Al igual que ella, sus ocho hermanos nacieron en República Dominicana y fueron declarados de forma regular por sus padres, quienes habían llegado al país en la década de los años 60. Ana María llevó una vida normal como ciudadana dominicana hasta que decidió ir a la universidad para estudiar trabajo social, y fue entonces cuando se dio cuenta que el Estado niega la entrega del acta de nacimiento por no reconocerlos como nacionales. El camino ha sido largo, incluso ha logrado que el propio juzgado de la Cámara Civil de San Pedro de Macorís dictara la orden de entrega, pero hasta el momento no se ha materializado.
Apátridas
La Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación en un comunicado oficial: “La decisión podría tener consecuencias desastrosas para los descendientes de haitianos en República Dominicana, sumiendo a decenas de miles de ellos en un vacío constitucional que los volvería apátridas, privados de los servicios básicos”.
Este limbo legal agrava más la situación de las víctimas, quienes en su mayoría ahora se encuentran con que no tienen estatus legal en la República Dominicana, pero tampoco tienen todas las herramientas a disposición para probar que son ciudadanos haitianos.
“Lo que quieren hacer es crear dos listas de registros, una en la que estarán incluidos los ciudadanos, y otra en la que se registrarán a estas personas como extranjeros. Pero no es así, son dominicanos”, dice el abogado constitucionalista Perdomo.
El Gobierno haitiano fijó su posición a través de la Cancillería que emitió un comunicado en el que dice que “disiente en términos enérgicos con la decisión del TC”, que anula la ciudadanía de hijos de migrantes haitianos en el país.
“El Ministerio de Relaciones Internacionales lamenta profundamente que haitianos y sus descendientes dominicanos que han contribuido significativamente al actual progreso de la República Dominicana por su trabajo y sacrificio sean ahora tratados como extranjeros en tránsito”.
Escuche, Presidente
Diferentes representantes de Derechos Humanos fueron recibidos por el presidente Danilo Medina, quien durante media hora escuchó el testimonio de dominicanos afectados por la decisión de la Corte Constitucional.
El padre Mario Serrano, director de la organización Bonó, estuvo allí. “Planteamos que como jefe de gobierno protegiera los derechos de los afectados pues es quien tendría que ejecutar una sentencia injusta. Le solicitamos dialogar con los demás poderes del Estado para detener la desnacionalización”.
El primer mandatario afirmó que aunque la decisión adoptada por el TC está apegada a la Constitución actual, no tiene conocimiento de que ese órgano tenga competencia para aplicar la ley de forma retroactiva, “porque la Carta Magna establece que ninguna ley tiene efecto de retroactividad salvo que beneficie a la persona”. Además se comprometió a iniciar un proceso de consultas con los otros poderes del Estado hasta encontrar una solución a la brevedad posible.
Primeros informes
La Junta Central Electoral (JCE) realizó durante 8 días una observación y supervisión de los registros del estado civil para establecer la cantidad de hijos de extranjeros que residen en el país. Los resultados fueron anunciados por el presidente de esta entidad, Roberto Rosario que cifró en 22 mil 689 las personas descendientes de extranjeros en República Dominicana.
“La JCE utilizó su fuerza técnica, experta, abogados, auxiliares, inspectores, técnicos, oficiales civiles, entre otros, en un número superior a los 250 personas, que iniciaban sus labores a las 8:00 de la mañana, almorzando en el mismo lugar del trabajo y quienes concluían sus labores alrededor de las 12:00 de la media noche”.
Rosario en la rueda de prensa aseguró que el gobierno garantizará regularizar a las personas que se encuentran en una situación ilegal si éstos demuestran arraigo en la República Dominicana, y se descartarán aquellos casos que hayan violado las leyes.
“Sus documentos serán regularizados y al igual que el 55 por ciento que se encuentra debidamente asentado y ejerciendo sus derechos como dominicanos, podrán disfrutar de estas mismas condiciones”, puntualizó.
Denuncia internacional
Las asociaciones de Derechos Humanos aseguran que la denuncia ha sido elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDHI), a fin de conseguir un pronunciamiento que obligue al Estado dominicano a solucionar la situación que vulnera los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.
El padre Mario Serrano, director de la organización Bonó, explicó que tras la decisión del TC se han introducido múltiples recursos de amparo para proteger a los hijos de los afectados, quienes directamente tienen negado el derecho a ser presentados legalmente.
En este sentido Unicef a través de un comunicado advirtió sobre las “devastadoras consecuencias” que esta medida puede ocasionar. “Las disposiciones de la nueva sentencia pueden colocar a estos niños en riesgo de deportación, en violación de los principios articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente los artículos 12 y 15”.
Además subrayó que la decisión “infringe” numerosas determinaciones de tribunales y de tratados de los cuales forma parte la República Dominicana, y “contraviene los principios básicos de los derechos humanos”.
