Renacer extranjero en mi propia patria

Desperté la mañana del 25 de septiembre, al igual que cientos de dominicanos de ascendencia haitiana, con la noticia de que, sin previo aviso, el Tribunal Constitucional me había hecho un juicio en contumacia y condenado a ser extranjero en la tierra que me vio nacer. Justificaron su acción en que mis abuelos haitianos entraron a esta mitad de la isla, trabajaron en condiciones semi esclavas, procrearon y murieron en Dominicana con el estatus de “extranjeros en tránsito”.

La sentencia 168-13 dictada en la República Dominicana, desconoce el artículo 18, numeral 2, de la Constitución vigente de 2010, que califica como dominicanos/as a“quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Se institucionaliza y legaliza el genocidio civil contra miles de mujeres y hombres que desde el 1929 hemos nacido y vivido en el país. Y es que hay muertes reales, como las que dejó el terremoto de Haití aquel 12 de enero de 2010, cuando sepultó a 300 mil de nuestros primos y vecinos en Haití; pero también hay muertes civiles, como las que dejaría esta sentencia si las miles de personas potencialmente afectadas perdemos nuestros derechos.

Me preguntaba ¿qué fue lo que pasó? Y vaya sorpresa, el tribunal justifica su acción diciendo que la conciudadana Juliana Deguis, al igual que otros 25 mil de nosotros a quienes la Junta Central Electoral negaba los documentos del registro civil, no somos dominicanos. Decenas interpusimos un amparo contra la decisión administrativa de la Junta, porque la medida afecta nuestro derecho a la salud y a la educación, nuestro derecho a viajar, votar, trabajar y alimentarnos. ¿Qué haríamos?

Institucionalizar esa norma xenófoba, racista, clasista y fascista en el Estado dominicano, implica para cientos de miles de dominicanos/as de padres y madres haitianas convertirnos en apátridas y con ello, en personas vulnerables a la extorsión, tráfico, abusos, vejación y pasibles de violencia física. En el menor de los casos, convertirnos en ciudadanos de segunda categoría y limitado disfrute de nuestros derechos como seres humanos.

Los primeros días creí que se trataba de una confusión, me relajé cuando vi al presidenteDanilo Medina declarar que esto era “un drama humano”. Más tarde casi me convencía de la complicidad de los poderes públicos dominicanos al escucharles explicar al mundo que esto no es una atrocidad sino un “ejercicio de soberanía”.

Además de violentar principios consagrados o establecidos en la Constitución y otras legislaciones vigentes -tal es el caso del principio de la irretroactividad de la ley consignado  en el artículo 110, el  principio interpretación establecido en el artículo 74, y el principio de la tutela judicial efectiva y el debido proceso- temo que la sentencia 168/13 nos imponga el silencio y la etiqueta de traidores. Me da miedo que pidan castigo para las personas que han declarado como “intolerable” este fallo, promovido por los grupos de poder.

No nos ha quedado otra opción que sumarnos al movimiento cívico Dominican@s X Derecho, para resistir la embestida de un Estado, por acción y complicidad, violador de los DDHH. Hoy más que nunca, urge la solidaridad de de la comunidad internacional y de los dominicanos “celosos de la buena obra”, para evitar que la prepotencia e injusticia se impongan, matando civilmente a miles de seres humanos, cuando nuestro único delito fue no poder escoger dónde nacer.

Batey 8, Provincia Independencia, República Dominicana.

Beneco Enecia, 6 de noviembre 2013.

El autor: Beneco Enecia, nació el 25 de septiembre de 1970 en la comunidad de Batey 7 de la provincia Independencia de la República Dominicana, sus padres -hijos de inmigrantes haitianos- nacieron en Dominicana. Egresado de la facultad de humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es actualmente Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Sostenible –CEDESO– y miembro del Movimiento Dominican@s X Derecho  en la Región Enriquillo.