República Dominicana deberá rendir cuentas en materia de derechos humanos ante Naciones Unidas
Hoy miércoles 30 de enero, República Dominicana es evaluada mediante el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, el Instituto de Apatridia e Inclusión, Robert F. Kennedy Human Rights y Dominican@s por Derecho denunciamos la falta de respuesta por parte del Estado dominicano a las violaciones al derecho a la nacionalidad y a la discriminación que sufren las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Esta será la tercera vez que el país se presenta a rendir cuentas en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos bajo el EPU. Sin embargo, el cumplimiento del Estado dominicano a las recomendaciones de los demás Estados miembros ha sido mínimo hasta la fecha. Cientos de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana continúan siendo afectadas por la denegación del derecho a la nacionalidad, por la discriminación y la apatridia. Las mismas surgen de medidas estructurales que han restringido el goce del derecho a la nacionalidad y por ende, a muchos otros derechos y libertades básicas.
En el 2009, durante el primer examen EPU, Canadá recomendó ratificar las dos Convenciones internacionales sobre apatridia, recomendación que fue aceptada por República Dominicana. En el segundo ciclo en 2014, Nicaragua, Uruguay, y Brasil recomendaron lo mismo. Sin embargo, el Estado solo tomó nota de ello y a la fecha no las ha ratificado. También, durante esta misma sesión, 20 Estados formularon 26 recomendaciones sobre apatridia, respeto al derecho a la nacionalidad y emisión de documentos de identidad sin discriminación. Asimismo, recomendaron respetar el derecho a la nacionalidad de cada persona de acuerdo a lo establecido por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana.
Pese a los dos ciclos de EPU que se han llevado a cabo y las múltiples recomendaciones de Estados miembros y de organismos internacionales sobre esta materia, la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana siguió empeorando. En el 2013, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 168/13 que provocó una “desnacionalización masiva” de las personas dominicanas de padres extranjeros nacidas después de 1929. La Sentencia fue duramente criticada por la sociedad civil dominicana y por la comunidad internacional, incluyendo la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2014, se emitió la Ley 169-14 para intentar dar una respuesta a la Sentencia 168/13, pero la misma segregó a las personas afectadas y creó nuevos perfiles para las cuales no hay una solución clara. Al día de hoy, menos del 10% de las personas afectadas por la Sentencia han visto restituido su derecho a la nacionalidad. En la práctica, la falta de nacionalidad implica que las personas afectadas no pueden estudiar en la universidad, encontrar un empleo formal, viajar o documentar a sus hijos e hijas. De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), en 2015 existían en República Dominicana 133.770 personas en riesgo de la apatridia.
Observamos con suma preocupación un incremento notable de las detenciones e intento de deportaciones de personas nacidas en República Dominicana en el 2018. Los agentes militares y de migración justifican estas acciones bajo la premisa de que los documentos presentados no sirven por estar vencidos, sin que se haya provisto a las personas afectadas de medios para resolver su situación
Por lo anterior, solicitamos a los Estados que realicen las siguientes recomendaciones al Estado dominicano:
- Cumplir con las sentencias de Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las recomendaciones de la CIDH y las formuladas por otros Estados en ciclos pasados del EPU para implementar un marco legal que garantice la restitución efectiva de la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
- Adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y ratificar la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961 durante los próximos años de la fase de implementación.
- Llevar a cabo durante el 2019, un registro nacional para identificar a personas apátridas o en riesgo de estarlo, en colaboración con ACNUR y organizaciones de sociedad civil.
- Tomar todas las medidas de protección pertinentes para prevenir que ninguna persona apátrida sea expuesta a posible arresto y/o expulsión del territorio que lo vio nacer.
- Instar al Estado dominicano a continuar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y la asistencia técnica de la CIDH, así como con otros organismos y mecanismos internacionales, que permitan el abordaje integral y pleno de la situación de privación de la nacionalidad, discriminación y xenofobia durante el 2019.
