“Sueños Postergados”: la odisea de las y los afectados por la sentencia 168/13
Beneco Enecia, en compañía de Amber Lynn Munger y Juan Carlos González.
El informe, de la autoría de Centro de Desarrollo Sostenible, Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, American Jewish World Service y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, fue presentado este viernes 6 en el Hotel Barceló
El coordinador de la Plataforma Dominican@s por Derecho y director del Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), Beneco Enecia solicitó a las autoridades dominicanas a asumir una solución definitiva a la problemática que la Sentencia 168/13 causó a decenas de miles de personas y que la Ley 169-14 no ha logrado aún resolver.
En el marco de la presentación del informe “Sueños Postergados: La Lucha de las Personas Dominicanas de Ascendencia Haitiana por Recuperar su Nacionalidad”, del cual la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, la agencia American Jewish World Service y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, al igual que CEDESO, son coautores, Enecia recordó que “de la nacionalidad es un tema dominicano y que merece soluciones de parte de las instituciones y las autoridades dominicanas.”
Este informe fue presentado el viernes 6 en el Hotel Barceló (Antiguo Lina), en un acto que contó con la presencia de representantes de la sociedad civil, organismos intergubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos de comunidades afectadas por la Sentencia 168/13.
Beneco Enecia, coordinador de Dominicanos por derecho y director de CEDESO
“La Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional desnacionalizó a ciento de miles de personas de ascendencia haitiana (…) Generaciones de personas que nacieron en el país desde 1929 hasta el 2010. Esta sentencia viola el derecho internacional, la Constitución dominicana y el principio jurídico de la no retroactividad de la ley”.
Invitó a las autoridades dominicanas a participar con las organizaciones de la sociedad civil en un diálogo franco, responsable y con voluntad política, a fin de encontrar juntos una solución duradera a la desnacionalización “que coloca nuestro país en el centro de una situación de apatridia sin precedentes en la región.”
“Sé que para muchos de los dominicanos y amigos, el problema se habría solucionado, sin embargo las organizaciones de la sociedad civil y los afectados hemos demostrado que esa ‘ley especial’ es insuficiente y ha postergado el sueño de más del 90 por ciento de los desnacionalizados al disfrute del derecho a la educación, salud, empleo digno, y sobre todo “a un nombre y una nacionalidad”, agregó.
Múltiples obstáculos
En nombre de fundación Robert F. Kennedy Human Rights y del American Jewish World Service, la señora Amber Lynn Munger manifestó que “conjuntamente con CEDESO y el apoyo de UNDEF, redactamos este informe para mantener el enfoque en la cuestión de las violaciones al derecho de la nacionalidad en la República Dominicana”.
Añadió que las “personas entrevistadas identifican 10 obstáculos para recibir documentos bajo la Ley 169-14, incluso el tratamiento discriminatorio por parte de las autoridades y la policía dominicana y las dificultades económicas para obtener la documentación y seis de las consecuencias más graves de no tener documentos de identidad, incluso la incapacidad de declarar a sus hijos ciudadanos dominicanos y encontrar un empleo formal y estable.”
El público asistente participó del debate en torno a la problemática y sus implicaciones
También dijo que “cuatro años después de la Sentencia 168/13 y más de tres años después de la Ley 169-14, la situación sigue siendo urgente para la mayoría de las personas afectadas”, y en ese sentido, este informe persigue presentar todo “el recuento de las enmiendas constitucionales y políticas estatales que culminaron en la Sentencia 168/13 y sus devastadoras consecuencias, así como un análisis de las violaciones de derechos humanos que han sido y siguen siendo un problema y por sobre todas las cosas, buscamos asegurar que las personas afectadas puedan contar sus propias experiencias.”
Depresión, impotencia, exclusión
El cineasta, periodista e investigador Juan Carlos González fue el coautor de este trabajo y, en su intervención, aseguró que el hallazgo más relevante del informe, que fue elaborado con entrevista a personas afectadas, se enmarca en que la imposibilidad de ejercer el derecho a la nacionalidad a través del acceso a los documentos dominicanos responde a la condición de ser de raza negra o de ascendencia haitiana o y a vivir en condición de pobreza.
Juan Carlos González, coautor del informe «Sueños postergados»
“La JCE ha sido inefectiva en comunicar el estatus de su documentación a las personas afectadas del grupo A. El personal encargado de aplicar la ley 169-14 continúa ejerciendo criterios arbitrarios, exigiendo a las personas afectadas requisitos no previstos para optar por la entrega de sus documentos, también ejerciendo maltrato verbal en base a argumentos racistas y xenófobos”, manifestó el investigador, aludiendo a los datos que recoge el informe.
El informe concluye que la ley 169-14 no ha resuelto la situación de acceso a la documentación y disfrute de la nacionalidad dominicana, y que la Junta Central Electoral reinterpretó la ley, creando requisitos adicionales no previstos en el reglamento de aplicación de la ley, dilatando el proceso de entrega de documentos, además de crear una nueva forma de segregación de personas.
“El impacto en las vidas de las personas afectadas de esta problemática varía desde lo administrativo hasta lo menos visible: depresión, impotencia, exclusión, miedo a la estigmatización por parte de los organismos de seguridad del estado y resignación”, manifestó también Juan Carlos González.
El informe finaliza con una serie de recomendaciones, que van desde espacios de encuentros con los organismos del Gobierno, la eliminación del Libro de Transcripciones, trabajos de fortalecimiento de los medios de comunicación en su tratamiento de la temática y el robustecimiento de las capacidades de vocería entre los grupos de población afectada por la sentencia 168/13.
