Trabajadores de la OIT solidarios con personas desnacionalizadas
El Grupo de Trabajadores ha tomado conocimiento de que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en un fallo reciente decidió “que las personas extranjeras que han residido en el país de manera ilegal por varios años son consideradas extranjeros en tránsito o transeúntes”. Como consecuencia de esta interpretación restrictiva y con carácter retroactivo, los hijos de estas personas nacidos en el país serian considerados en situación migratoria irregular. Asimismo, según el Tribunal Constitucional, este fallo afectará a todo los descendientes de migrantes en situación migratoria irregular, que según la misma sentencia podrían ser cientos de miles de personas.
En este sentido, el Tribunal Constitucional dispuso que se haga un rastreo de todo el registro civil dominicano a partir de 1929 hasta el 2007. La decisión de despojar de su nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana crea una crisis humanitaria y coloca a muchos de ellos en la posibilidad de ser deportados, acentuando aún más su situación de vulnerabilidad. En breves palabras, se declarará extranjeros a personas nacidas en el país que puedan tener hasta ocho décadas de vida en el mismo, con raíces sociales y humanas insustituibles. Es importante señalar que cerca del 87% de los trabajadores y trabajadoras migrantes que viven en República Dominicana son haitianos, y que cerca de un 86% de los nacionales descendientes de inmigrantes son también de ascendencia haitiana.
El Grupo de Trabajadores, reunido en Ginebra en la 319ª Sesión del Consejo de Administración, manifiesta su preocupación respecto a que dicha sentencia es violatoria de principios fundamentales del derecho internacional y de tratados suscritos por el Estado dominicano como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, y las obligaciones derivadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre otras. En Junio de 2013, la Conferencia Internacional del Trabajo, en la Comisión de Aplicación de Normas analizó la implementación de la República Dominicana del Convenio 111 sobre Discriminación, e instó al Gobierno a que adoptara firmes medidas, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para asegurar la protección de los trabajadores contra la discriminación en la práctica por todos los motivos enumerados
en el Convenio, en particular contra los trabajadores de origen haitiano y los dominicanos de piel oscura, trabajadores migrantes en situación irregular, las mujeres que trabajan en las zonas francas de exportación y los trabajadores de la construcción y la agricultura, entre otras tantas recomendaciones.
Claramente este reciente fallo no combate la discriminación y es contrario al espíritu general de las recomendaciones recibidas al respecto.
Estamos frente a un grave drama humano que podría resultar en la constitución de un apartheid y deportación sin destino claro de cientos de miles de trabajadores dominicanos de ascendencia haitiana, que contribuyen al desarrollo económico de la República Dominicana e indispensables en las áreas productivas que sostienen dicho desarrollo. Muchos de estos trabajadores y sus familias son dominicanos amparados por la Constitución anterior, la cual fue reformada en el 2010, y que establece la desnacionalización de las personas de ascendencia haitiana, a partir de la entrada en vigor de la misma.
El Marco de cooperación que suscribió la OIT con República Dominicana para el Plan de Trabajo Decente 2013-16, incluye la promoción del cumplimiento de las normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo, siendo uno de ellos el de la no discriminación, por lo que alentamos al Gobierno de República Dominicana a viabilizar el conjunto de los compromisos contraídos tripartitamente.
El Grupo de Trabajadores alienta la sensibilidad expresada por el presidente Danilo Medina, quien reconoce la necesidad de encontrar una solución al grave problema que representan las personas desnacionalizadas y requiere su compromiso para que se actúe con celeridad para encontrar una solución justa.
En solidaridad.