#LaJCEmiente: Más de mil jóvenes en los bateyes del sur continúan sin documentos. Unos 400 no aparecen en la lista de los 55 mil
#DiaNacionaldeLuchaContraLaApatridia
El Movimiento Dominicano por Derecho, de la región Enriquillo, denunció que a dos años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, más de 1,000 adolescentes y jóvenes de los bateyes del Sur permanecen sin un documento de identidad.
Durante una vigilia realizada en el cruce de Batey 4, provincia Bahoruco, la multitud de afectados y sus familiares dijeron que aún son miles los dominicanos de ascendencia haitiana que permanecen en estado de apatridia.
«Miles de dominicanos de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón siguen indocumentados y otros sin acceso a los documentos que les permitan disfrutar el derecho a la educación, salud, viajar, trabajar, etc. Decenas de mujeres se ven imposibilitada en registrar sus hijos y con ello tener su carnet de Senasa», expresó la abogada Berenice Anderson Matos miembro, integrante del movimiento.
«Más de 500 adolescentes y jóvenes aun permanecen sin un registro civil y estando en condiciones de apátridas en las comunidades de los bateyes. Centenares que tienen actas de nacimiento tienen pendiente recibir su cédula de identidad, decenas de jóvenes que teniendo sus actas y cédulas no les permiten acceder a un pasaporte y con ello frustran sus aspiraciones de buscar oportunidades de empleo y estudio en tierra lejana porque el suyo no se lo concede», añadió.
Denunció que la Junta Central Electoral mintió cuando publicó la lista con 119 cédulas canceladas porque sólo en los bateyes han identificado 40 personas en esa situación pero éstas no aparecen en el listado divulgado por la JCE.
Dijo que otra de las «mentiras de la Junta Central Electoral» fue la publicación de 55 mil personas cuyos derechos les han sido restituidos, cuando «en nuestras comunidades más de 400 personas cuyos nombres no aparecen en la lista confrontan problemas de acceso a sus documentos».
«Nuestra población está cansada de mentiras y hace un llamado a la clase política a honrar el compromiso de restitución de derecho establecido en la ley 169-14. La clase política debe garantizar el derecho Constitucional de nuestra población y cumplir con la palabra empeñada».
«Demandamos una República Dominicana libre de apatridia, respecto a la nacionalidad y sin discriminación», agregó.
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