Ciudadanos presentan querella contra JCE por daños ocasionados por la resolución 017-2007
Por Servicios de Acento.com.do. 8 de julio de 2015
Jorge Pérez/Especial para Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un grupo de dominicanos descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular presentaron una querella formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE) y su presidente, Roberto Rosario Márquez, por los daños ocasionados por la resolución 017-2007 que suspendió (en 2007) la expedición de actas de nacimiento y cédulas de identidad a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.
De acuerdo a las declaraciones de Ruben Antonio de Jesús, esta medida ha impedido que los afectados “realicen una vida normal y puedan optar por trabajos dignos, acceso a créditos o prestamos y realizar estudios de nivel superior, causando daños sociales, económicos y psicológicos a los querellantes y familiares en una proporción inimaginable”.
En ese sentido, los querellantes, encabezados por Wilna Joseph y representados por los abogados Ruben Antonio de Jesús, Genaro Rincón, Antonio Pol Emil, Manuel de Jesús Dandré y Roberto Antuán José, aseguran que para ese entonces reunían las exigencias de la ley para la expedición de sus respectivos documentos de identidad.
Los juristas dicen que la resolución se dictó “sin agotar el debido proceso y la tutela judicial, actuando al margen del mandato del artículo 31 de la ley 659-44 sobre el registro del Estado Civil dominicano, que faculta exclusivamente a los tribunales o jueces para depurar las actas del registro civil”.
Para los representantes legales de los 23 afectados por la resolución, la acción de suspender la emisión de documentos transcienden y desbordaba las facultades que confiere la Ley Orgánica de la Junta Central Electoral (275-97), puesto que “las facultades reglamentarias de ese organismo no podían ir más allá de lo que dictan las leyes”.
En esencia, la resolución 017-2007 negaba los documentos de identidad y electoral a los querellantes y prohibía expedir actas de nacimiento a hijos de extranjeros nacidos en el país sin residencia legal.
Con la ley 169-14, que tiene como objeto establecer un régimen especial en beneficio de los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en territorio nacional, el Estado dominicano buscó “subsanar” las irregularidades contenidas en dicha resolución.
