Sociedad civil: Ley 169-14 fracasó como respuesta a crisis de desnacionalización

Santo Domingo, República Dominicana.  A un año de promulgada la ley 169-14,  el Movimiento Reconocido,  la Plataforma Dominicanos por Derecho, la Red Jacques Viau y el Movimiento de Mujeres Dominico haitianas, denuncian que la  respuesta gubernamental dada  a la crisis generada por la  sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional no ha resarcido en ningún aspecto el daño provocado por la negación sistemática del  acceso a  sus  documentos de identidad y la acreditación de la nacionalidad de  miles de dominicanos y dominicanas  hijos/as de personas migrantes.

Congregados  frente al Palacio Nacional,   representantes del conjunto de  organizaciones entregaron un documento en el que pasan balance a la  implementación del  régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil  dominicano y sobre naturalización planteado en la ley 169-14,  promulgada por el poder ejecutivo  el 23 de mayo de 2014,  que aseguran  mantiene en un  limbo jurídico a la población afectada, reafirmando el  espíritu segregacionista de la sentencia.

 Indican que la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía, deliberadamente y   en franca desobediencia  a la ley 169-14, han optado por aplicar los aspectos coincidentes con la sentencia 168-13, boicoteando  el cumplimiento de las pocas garantías que benefician a los/as destinatarios/as.

 Para el colectivo, la falta de voluntad política   se evidencia   en los pobres  resultados alcanzados  y la persistencia de  los problemas para acceder a  documentos de identidad   que impide a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana  realizar con normalidad actividades civiles y comerciales  aún después después de haber agotado los procesos  y cumplido con los requisitos que imponen de forma arbitraria las  instituciones a cargo.

Desde la sociedad civil, explican,  se respaldó la iniciativa del diálogo y el  consenso como un primer paso  hacia la búsqueda de una solución dominicana a la problemática , Sin embargo, se quejan de que la pieza legislativa votada por unanimidad por el Congreso Nacional, solo ha servido  de cortina de humo  para reducir la fuerte  presión nacional e internacional  que demanda al Estado dominicano actuar en consonancia  a lo establecido por  la Constitución dominicana  y  los acuerdos internacionales de los que el país es signatario, con el  el cese definitivo de la política desnacionalizadora.

Dentro de los obstáculos de ejecución de la ley 169-14, destacan la negativa de devolver el acceso a documentos  por parte de la JCE,  inmersa en un proceso de auditoría sin objetivos, costos  o procedimientos claros, de la que se han derivado  nuevas categorías de registro “regularizado”, “transcrito” y “transcrito y regularizado”  sin asidero legal,  segregando a la población con el uso del llamado    “Libro de Transcripciones”, en el que se encuentran  todos los “desnacionalizados” de ascendencia haitiana.

 Llaman la atención sobre el bloqueo de documentos a ciudadanos que a pesar de tener su nueva cédula no figuran en el sistema,   lo que    implica   que miles de dominicanos  al día de hoy  están impedidos de ejercer el voto u optar por  cargos políticos en representación de sus comunidades en las próximas elecciones de Mayo de 2016.

Con respecto al grupo de dominicanos  hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular, nunca inscritos en el Registro Civil,  catalogan de fracaso el proceso de registro en el libro de extranjería,  que dio inicio régimen de naturalización, caracterizado por las precariedades y la desorganización.  De universo de 53 mil personas apenas a unas 8 mil se les permitió inscribirse.  Expresan que  desde el MIP  se generó  confusión al no establecer diferencias claras entre el régimen especial planteado por la  ley 169-14 y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, dos procesos de naturaleza, objetivos y destinatarios distintos.

 Así mismo recogen denuncias sobre  discriminación racial hacia  dominicanos de ascendencia haitiana y los intentos de expulsión (deportación)  por rasgos físicos, ubicación geográfica y color de piel con la realización de operativos por parte de efectivos militares en zonas bateyeras.

Concluyeron que el Estado dominicano no puede continuar evadiendo su responsabilidad de buscar una solución efectiva, digna, humana a la problemática de la desnacionalización, que no debe ser otra que la restitución plena de los derechos y la devolución del  acceso a sus documentos de identidad a  dominicanos/as ya registrado y propiciar  la inscripción en el registro civil de las personas no documentadas,  como es deber del Estado.