Denuncian deportación de 30 niños dominicanos descendientes de haitianos que se dirigían a registrarse en plan de naturalización
En un llamado de acción urgente, Amnistía Internacional denunció la deportación hacia Haití de 51 personas desde la República Dominicana, entre las que se encuentran 30 niños dominicanos que se trasladaban junto a sus madres y personal del Servicio Jesuita, a la oficina del Ministerio de Interior y Policía en San Juan de la Manguana para ser inscritos en el plan de naturalización en tres pasos que plantea la ley 169-14.
Proveniente de las comunidades de Hondo Valle y El Cercado, el grupo fue detenido el pasado 27 de enero en un control militar a unos 20 kilómetros de San Juan, donde se encuentran las oficinas más próximas en la las madres gestionarían el registro de los 30 niños en el plan de naturalización, programa especial dirigido a dominicanos no inscritos en el registro civil, descendientes de migrantes en situación irregular y 14 personas migrantes se inscribirían el Plan de Regularización de estatus para ciudadanos extranjeros.
A pesar de que que todos llevaban consigo los expedientes a depositar en las oficinas, los militares les negaron el acceso a la ciudad alegando que se trataba de “migrantes indocumentados”, y les remitieron a la Dirección General de Migración de Elías Piña, próxima a la frontera con Haití, en donde les detuvieron y acusaron de ser «transeúntes ilegales», ordenando su expulsión inmediata a Haití sin darles la oportunidad de que sus casos fueran examinados individualmente y, consiguientemente, sin poder impugnar la legalidad de su detención ni recurrir contra la decisión, explica en un comunicado la organización que se ha hecho eco del caso de deportación masiva.
«Tras las gestiones realizadas posteriormente, ese mismo día por la noche el ministro dominicano de Interior y Policía cursó autorización para el reingreso del grupo al país. Sin embargo, en la mañana del 28 de enero esas personas seguían en territorio haitiano. Los 30 niños y niñas se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad, dado que al no ser ciudadanos haitianos su situación ahora es la de apátridas», concluye el documento en el la organización internacional expresa su preocupación por futuras deportaciones masivas.
Reproducimos el documento publicado en http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/002/2015/es
ACCIÓN URGENTE
Expulsiones colectivas en la República Dominicana
El 27 de enero, 51 personas, entre ellas 30 niños y niñas nacidos en la República Dominicana, algunas de sus madres y otros 14 adultos, fueron expulsadas a Haití sin el proceso debido. Se teme que se produzcan más expulsiones colectivas de personas dominicanas de ascendencia haitiana y de migrantes de ese país.
En la mañana del 27 de enero, dos minibuses se dirigían a San Juan de la Maguana, al este de la República Dominicana, con 30 niños y niñas de edades comprendidas entre los 7 y los 13 años, todos ellos nacidos en la República Dominicana, acompañados por algunas de sus madres (7 mujeres haitianas), 14 personas migrantes haitianas y varios representantes religiosos. Las madres pretendían inscribir a sus hijos e hijas en un programa de naturalización creado por el gobierno dominicano en mayo de 2014 para regularizar la situación de los hijos de personas migrantes irregulares, a raíz de la sentencia que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó en 2013, que dejó en situación de apátridas a decenas de miles de personas de ascendencia extranjera. Las otras 14 personas migrantes haitianas iban a inscribirse en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, creado en 2013 para migrantes indocumentados residentes en la República Dominicana.
Los minibuses fueron detenidos en un control militar a unos 20 kilómetros de San Juan de la Maguana, donde se encuentran las oficinas más próximas que gestionan las inscripciones de naturalización y regularización. Los militares negaron el acceso a la ciudad al grupo aduciendo que se trataba de “migrantes indocumentados”. Tras negociar con los representantes religiosos, los militares dijeron que tenían que conseguir un salvoconducto en la oficina de la Dirección General de Migración en la localidad de Elías Piña, próxima a la frontera con Haití. Cuando llegaron a dichas dependencias, los detuvieron y los acusaron de ser transeúntes ilegales. Las autoridades ordenaron su expulsión inmediata a Haití sin darles la oportunidad de que sus casos fueran examinados individualmente y, consiguientemente, sin poder impugnar la legalidad de su detención ni recurrir contra la decisión.
Tras las gestiones realizadas posteriormente, ese mismo día por la noche el ministro dominicano de Interior y Policía cursó autorización para el reingreso del grupo al país. Sin embargo, en la mañana del 28 de enero esas personas seguían en territorio haitiano. Los 30 niños y niñas se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad, dado que al no ser ciudadanos haitianos su situación ahora es la de apátridas.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
Pidiendo a las autoridades dominicanas que permitan al grupo inscribirse en los programas de naturalización y regularización, de conformidad con los deseos de las personas afectadas;
Instando a las autoridades a que no utilicen los procesos de naturalización y regularización de personas migrantes para detectar presuntos migrantes indocumentados, y a que pongan fin a todas las expulsiones o medidas de índole similar contra solicitantes de inscripción en esos procesos;
Instando a las autoridades a que cumplan las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, que prohíben las expulsiones arbitrarias y colectivas, y a que garanticen que todas las personas expuestas a su posible expulsión de la República Dominicana tengan la oportunidad de que sus casos sean examinados de forma individual en procesos justos y transparentes, en los que puedan impugnar las decisiones de las autoridades y hacer que sus casos sean revisados.