Grupo de Trabajo CLACSO: Gobierno Dominicano no creó los mecanismos internos necesarios para que la puesta en marcha de la medida realmente favoreciera a la población afectada
Santo Domingo, Rep. Dom. Los Grupos de Trabajo CLACSO “Crisis, Alternativas y Respuestas en los pequeños Estados Insulares del Caribe”, “Migración, cultura y políticas” y “Derechos en tensión: (des)igualdades de género, estado y procesos políticos en América Latina y el Caribe”, constituidos por investigadores-as y académicos-as de América Latina y el Caribe, hacen pública su preocupación por la no garantía de los derechos humanos y civiles de dominicanos-as de ascendencia haitiana residentes en República Dominicana.
Desde el 2007 CLACSO ha estado analizando la situación que afecta a dominicanos-as en temas de documentación-nacionalidad a raíz de la Circular no. 17 y la Resolución no. 12, emitidas por la Junta Central Electoral, con las cuales se suspendía temporalmente la documentación de este grupo poblacional. La situación se agravó con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, en la que despoja de su nacionalidad a dominicanos-as de ascendencia haitiana. Además puso en revisión documentos de identidad, ya otorgados por el Estado Dominicano, de personas que nacieron entre 1929 y 2010.
Como una salida a la situación anterior, la decisión del Gobierno dominicano fue emitir la ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano. A pesar de la disposición, el Gobierno Dominicano no creó los mecanismos internos necesarios para que la puesta en marcha de la medida realmente favoreciera a la población afectada.
La situación antes descrita nos preocupa profundamente como comunidad académica en América Latina y el Caribe, considerando que:
■ carecer de documentación, además de lacerar los derechos civiles que permiten el gozo pleno de la ciudadanía, tiene efectos negativos para el acceso a derechos fundamentales como educación, salud, trabajo, seguridad social, entre otros.
■ como comunidad latinoamericana, caracterizada por constantes movimientos migratorios, los gobiernos han de garantizar la documentación de sus nacionales y comprometerse a no incurrir en acciones tendientes a la criminalización de los migrantes que no poseen documentación.
■ se siguen vulnerando los derechos de las personas afectadas, incumpliendo con los principios de no retroactividad de la ley presente en la Constitución Dominicana y como principio en los países de la región.
Consideramos que la situación anterior requiere acciones claras y urgentes para garantizar la vida de dominicanos-as de ascendencia haitiana. Por ello, solicitamos al Estado Dominicano que cumpla con las promesas hechas tanto a organismos internacionales como a sus nacionales, de solucionar el problema y que adopte las siguientes medidas:
■ Extender el plazo para la documentación de dominicanos-as que aplican a lo establecido en la ley 169-14.
■ Eliminar las trabas burocráticas que en la práctica se están colocando en la aplicación de la ley.
■ Desarrollar campañas de información masiva a la población sobre los procesos y los requisitos necesarios en los casos determinados por la ley.
