“Respeten la nacionalidad de quienes ya la tenían”

Santo Domingo, 30 de octubre de 2013. Nosotros y nosotras, Dominicanos por Derecho, hacemos un llamado a las instituciones del Estado a respetar la nacionalidad de los dominicanos y las dominicanas afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Apostamos por una regularización de la migración apegada a las leyes nacionales y la normativa internacional. La regularización debe ser realista, justa y transparente, pero nunca mediante el despojo arbitrario de la nacionalidad de un sector de la población dominicana, encubierto como si se tratara de una respuesta al tema migratorio.

La Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional no resuelve la agenda migratoria que el país aún tiene pendiente. Lo que en realidad ordena es arrebatarle la nacionalidad y convertir en extranjeras a cuatro generaciones de personas ya registradas y reconocidas como dominicanas por las autoridades competentes.

¿Cómo entender que te quiten la nacionalidad que ya tienes para después darte un permiso de residencia como extranjero en tu propio país? Con la implementación de esa sentencia podrían ser desnacionalizados cientos de miles de dominicanos y dominicanas, despojándoles del derecho a ejercer una ciudadanía plena.

Hacemos un llamado a las personas afectadas por la sentencia a que defiendan su nacionalidad dominicana. Nadie puede decirles que son extranjeros si ya ustedes fueron declarados según los requisitos exigidos por las oficialías civiles, con documentos obtenidos de manera legítima y reconocidos como dominicanos por la Constitución vigente. Recordemos que en su Artículo 18, numeral 2 dice que son dominicanos quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes del 26 de enero del 2010.

Por otra parte, lamentamos que esta sentencia ponga al país en la mira crítica del mundo, pero es el mismo Estado quien se ha colocado en esta situación al incumplir la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 2005 -que tiene rango constitucional-, y pretender desnacionalizar a cientos de miles de dominicanos bajo el argumento falaz e inaceptable de que sus padres se encontraban en situación de «tránsito».

Saludamos la preocupación creciente mostrada por la comunidad internacional sobre el contenido de la sentencia y su aplicación. Sentimos una gran solidaridad de parte de múltiples delegaciones de países miembros de la OEA que reconocieron que se trata de una injusticia y de un asunto de derechos humanos, al tiempo que expresaron de manera firme que es inaceptable el despojo de nacionalidad, de manera retroactiva y contraria al derecho internacional, y que la soberanía no puede ser utilizada como excusa para violar los derechos de las personas, incluido el derecho a no quitar la nacionalidad arbtirariamente.”

Para finalizar, dejamos claro que apoyamos las medidas que puedan tomarse para sancionar la obtención de documentos de identidad de forma fraudulenta. Es deber del Estado investigar administrativamente el fraude en obtención de documentos, pero también es su deber garantizar el derecho a la nacionalidad adquirida de todas las personas en el país. No podemos permitir que paguen justo por pecadores.