La perspectiva de una hija de migrantes dominicanos: Las políticas que promueven la desigualdad debilitan a un país social y económicamente

Por Veronica Rosario, estudiante de último año de Relaciones Internacionales en la Universidad Tufts │Pasante OBMICA

En el año 2013, la República Dominicana fue el país con el mayor número de inmigrantes que se desplazaron  a los Estados Unidos. Los dominicanos son el quinto grupo de migrantes en esa nación.

Como hija de padres dominicanos fue difícil crecer en la época de la reforma migratoria,  entre los años 2006 y 2008.  Mi familia y yo nos mudamos de Jackson Heights,  donde la mayoría de la población era latina y afro-americana, a un sector con mejores escuelas públicas.  Cuando tenía 14 años empecé a asistir  a una  secundaría con una alta población de estudiantes norteamericanos blancos. Esa diferencia cultural era la causa de muchos conflictos entre mis  compañeros de clase y yo.

 Aunque nací en Nueva York y mis padres ya estaban establecidos, mi apellido y las costumbres de mi familia  me diferenciaran de los demás. Me decían que llegaría a la escuela con olor a frijoles, por eso me llamaban “frijoles”. También nos llamaban “wetback”, o “espaldas mojadas” un insulto racial usado para describir a los mexicanos y centroamericanos que cruzan el río Bravo  para llegar a los EEUU. En los deportes,  fuera de la escuela me decían  gorda, que sudaba mucho y tenía el pelo muy grasoso- todos estereotipos de las características físicas de latinos en los EEUU. Se burlaban del acento de mi mamá y me preguntaban si mi papá manejaba un camión de tacos. En mi juventud, sus comentarios tuvieron un gran impacto en mi estado emocional. Cuando intentaba confrontarlos, restaban importancia a mis sentimientos diciendo que solo era broma y que no debía tomármelo tan en serio.

Esos comentarios fueron difíciles de soportar, pero  era aún peor ser  parte de una sociedad te sientes aislada y rechazada por la cultura política. Las reformas y sobre todo el sistema político de los EEUU  me hicieron sentir  que no pertenecía a esa sociedad. No obstante, en la universidad encontré apoyo en un grupo de compañeros latinos con los pude  compartir mis experiencias.  Recibí solidaridad sobre la base de las desigualdades que enfrentábamos. Muchos de mis amigos pensaban que no iban a poder estudiar debido a su estatus migratorio o el de sus padres. Ese intercambio  me ayudó a entender más  la discriminación.

 Lo que otros me decían sobre las características físicas, la cultura y otros aspectos de mi identidad fortaleció mi comprensión sobre las mentiras perpetuadas por una historia de prejuicio y  la pobreza de las  políticas públicas. Sus percepciones fueron construidas dentro ese contexto, no representaban mi realidad. Por haber tenido estas vivencias  es que  me desconcierta lo que pasa en la República Dominicana. Fue difícil ver y entender como un país que amo tanto, que ha sido mi mayor fuente de orgullo, puede perpetuar un prejuicio parecido.

La Sentencia 168-13 efectivamente niega a  la población de dominicanos de ascendencia haitiana el derecho de  participar en la sociedad civil y les  coloca en riesgo de apatridía. Muchos creen que la situación ya se solucionó con la ley y Reglamento Especial de Naturalización, pero no es una salida  adecuada para la mayoría de las personas afectadas por la sentencia.

 La ley 169-14 solo restaura la nacionalidad  dominicana  a una minoría (aproximadamente el 10 por ciento)  de la población afectada. En otras palabras,  las personas  que, según  la constitución  previa a la de 2010, eran ciudadanos legales dominicanos, se les quita retroactivamente su derecho a la ciudadanía si nunca fueron registrados. La Junta Central Electoral estima que unas 24 mil personas tendrán  acceso a la documentación y la ciudadanía restauradas. Sin embargo,  más de 200 mil dominicanos  de origen  haitiano nacidos en el país tendrán que registrarse en el libro de extranjería y optar por una categoría migratoria según la Ley de Migración.  El proceso de naturalización  de por sí es complicado e impráctico, ya que  tiene que realizarse en un marco de tiempo corto e inflexible.  Viajes y otros gastos administrativos  lo hacen costoso y se necesita que todo se solicite  personalmente.

Los requisitos a cumplir   hacen  muy difícil la tarea de documentarse  especialmente por la extensa historia de exclusión social y económica con la que ha lidiado  esa comunidad.

La injusticia contra los migrantes en ambos contextos comparte una consecuencia grave:  La discriminación institucionalizada e interpersonal despoja a la ciudadanía de la capacidad de participar en la sociedad civil de manera activa, les impide desarrollar  su potencial.

Gradualmente, las políticas que promueven la desigualdad debilitan al país social y económicamente. La discriminación, tanto la que se escuda en las leyes  como la que está en la mentalidad de algunos de sus miembros, quita la humanidad a la gente discriminada. Esta división no sólo es una amenaza a la población presente sino que   limita  la prosperidad futura de cualquier estado. Se necesitan políticas que incluyan a  los dominicanos y dominicanas en un futuro próspero en que todos pueden participar.    Mi mayor deseo es ver esos cambios realizarse para que los dominicanos, tanto los de la  diáspora como los que tienen antecedentes migrantes, puedan gozar de sus  derechos y privilegios protegidos por el estado en el que se encuentren.