Solución debe reconocer el derecho a la nacionalidad

Santo Domingo, R.D, 20 de febrero. El Movimiento Dominicanos x Derecho, declaró hoy que respalda plenamente los planteamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH- en relación al despojo arbitrario de la nacionalidad generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que afecta casi exclusivamente a dominicanos/as de ascendencia haitiana.

La CIDH- reiteró ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos-OEA-, que el Estado Dominicano “debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010” y “que las soluciones al problema deben cumplir con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.”

En ese sentido, Paola Pelletier, vocera del  Movimiento Dominicanos x Derecho en rueda de prensa, compartió la precisión de la CIDH de que “las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas y dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.”

Pelletier dijo que estas recomendaciones fueron planteadas a nivel hemisférico como parte e las Observaciones Preliminares al informe que prepara la CIDH sobre la visita que realizó en diciembre pasado a la República Dominicana.

Enfatizó el hecho de que la CIDH haya validado ante el Consejo Permanente de la OEA denuncias presentadas en sesiones previas, de que en RD existe un proceso de privación arbitraria de la nacionalidad basado en criterios discriminatorios, que podría afectar a decenas de miles de  personas.

La presentación de la CIDH se da tan solo 2 semanas después de que más de 20 Estados alrededor del mundo expresaran su preocupación por el despojo de nacionalidad ocasionado por la sentencia del Tribunal Constitucional en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Ginebra a inicios de febrero.

Los convocantes manifestaron, que la CIDH corroboró además el hecho que en el país existe un ambiente de intolerancia que busca estigmatizar y atemorizar a los que se oponen a la sentencia 168-13, así como que la Junta Central Electoral desacató sistemáticamente todas las sentencias de tribunales dominicanos que favorecieron a las víctimas de la política de desnacionalización.

“La Sentencia del Tribunal Constitución No.168/13, tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afro descendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia”, aseveró Rosa María Ortiz, 2da. Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien tuvo a su cargo la presentación del éstas observaciones ante el Consejo Permanente de la OEA, reunido ayer en la sede de la organización en Washington D.C.

Citando a Rosa María Ortiz, también relatora de la CIDH para la república Dominicana, los voceros del Movimiento Dominicanos x Derecho llamaron la atención sobre el hecho de que “la Sentencia 168/13 afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza”.

“Como expresaron diversas delegaciones ante el Consejo Permanente de la OEA, la soberanía de un Estado no puede ser un argumento para violentar los derechos humanos de la población. Los compromisos internacionales de derecho internacional asumidos libremente por la República Dominicana no permiten a las autoridades dominicanas quitar la nacionalidad de esta población como lo hace la referida sentencia del Tribunal Constitucional, declaró Pelletier del movimiento Dominicanos x Derecho.

Instaron al Presidente de la República a no permitir que funcionarios públicos deliberadamente intenten confundir a la opinión pública sobre  el hecho que un tema de nacionalidad de personas dominicanas sea tratado como si fuera una cuestión migratoria de extranjeros.

“Hacemos eco del planteamiento realizado por la CIDH de que cualquier solución ante la privación arbitraria de nacionalidad debe cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, reconociendo el derecho a la nacionalidad de aquellas personas que nacieron en el país y fueron dominicanas hasta que la sentencia del Tribunal Constitucional las despojó de este derecho”, concluyó Paola Pelletier.